Diversos expertos reivindican la soberanía tecnológica: hasta que no nos apropiemos de la tecnología no construiremos el mundo que queremos.
A estas alturas, todos coincidimos –esta publicación, en este medio, es prueba de ello– en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) son una de las grandes revoluciones de la civilización. Afectan transversalmente a todos los aspectos de nuestra vida, desde el lugar físico donde vivimos –doméstico, urbano…–, a cómo nos desplazamos, o a cómo nos relacionamos con las personas de nuestro entorno inmediato, lejano o incluso con la que desconocemos.
Las TIC’s, que en su versión urbana serían las smart-grids o las smart-cities, son un aporte fundamental en dos conceptos: más información para una mejor gestión. Bien orientadas deberían servir para gastar menos y ser más eficientes; para cuidar más y preservar los territorios, y por tanto ser más resilientes; para de algún modo, facilitar mayor cantidad de tiempo par a las personas en beneficio de una mayor interacción social y creatividad cultural.
Pongamos un ejemplo: el sistema de movilidad una vez que está monitorizado a partir del registro del comportamiento de cada usuario, en lugar de poner toda la carga en el transporte público, que nunca va a resolver completamente el acceso a cada uno de los rincones de las grandes áreas metropolitanas, puede permitir, apoyándonos en las plataformas de car-sharing, «soluciones colectivas al transporte, que es diferente al transporte colectivo público», parafraseando a Jean Pierre Orfeuil.
Pues bien, esto sería la idealización de modelo de gestión de las TIC’s para la gestión de la movilidad urbana. Las consecuencias deseadas: un menor volumen de vehículos privados en tránsito, por tanto menos contaminación atmosférica, menos espacio público ocupado por medios de transporte privado, mejora en la circulación y eficacia del transporte público colectivo, más superficie de espacio público para la interacción social de los ciudadanos.
Un caso de mala orientación del sistema de gestión informatizado: las aplicaciones para la búsqueda de aparcamiento. Es el ejemplo clásico del uso privativo de la información. Nos resuelve un problema inmediato a nivel individual, pero nos privaría de los beneficios colectivos mencionados anteriormente.
El alojamiento turístico es otro ejemplo paradigmático: en un principio las plataformas de room-sharing eran una novedad más que interesante que te permitía viajar a un coste muy reducido en comparación con los precios del alojamiento turístico convencional al mismo tiempo que compartir experiencias con habitantes locales del sitio que visitabas, lo que te aportaba una vivencia más cercana a la vida cotidiana de la ciudad. Hasta aquí, un plan de viaje perfecto, ¿no? Incluso recuerdo fantásticas entradas en el blog de un profesor de la escuela alabando las bondades de la economía colaborativa, sobre las nuevas maneras de habitar y el alivio de las penas de llegar al fin de mes del estudiante.
En un principio las plataformas de room-sharing eran una novedad más que interesante que te permitía viajar a un coste muy reducido, hasta que entraron en juego actores con un mayor poder adquisitivo
Pero esta dinámica cambia cuando actores con mayor poder adquisitivo intervienen en la actividad desplazando a los ciudadanos del parque de vivienda para dedicarlo al alquiler turístico de manera intensiva y exclusiva, lo que normalmente tiene como consecuencia el aumento del valor de las rentas de alquiler, además de cambios en el tipo de comercio de proximidad debido al perfil de consumo de los habitantes, etc. Este cambio es un fenómeno gradual, pero no quiero extenderme demasiado solo con el caso concreto del alojamiento turístico, porque sucede en más campos: transporte colectivo, mensajería…
La ciudad «per se» es un territorio de conflicto, de intereses, y como tal, el negocio es uno de los factores que más influye, incluso, en el desarrollo. La capacidad de emprender ha servido para crear nuevos campos de producción, esto es así a lo largo del curso de la historia desde la ciudad de los burgomaestres a la ciudad industrial o, en nuestra realidad actual, con los nuevos campos de conocimiento, como ciudad post-industrial.
La ciudad ‘per se’ es un territorio de conflicto, de intereses, y como tal, el negocio es uno de los factores que más influye, incluso, en el desarrollo
Esta situación de conflicto es nueva en relación a los medios que la generan –los fenómenos convencionales combinados con una capacidad de comunicación exponencialmente aumentada–, pero es en cierto modo equiparable a los cambios que generó el surgimiento de la industria en el seno de las ciudades del siglo XIX provocando el surgimiento de los movimientos de lucha por los derechos de la clase obrera.
Las plataformas, con todas las ventajas que posibilitan en la búsqueda de soluciones alternativas a nuestros problemas cotidianos y las facilidades que aportan para la intercomunicación entre potenciales usuarios de servicios colectivos, en términos jurídicos son sólo espacios virtuales donde alguien que ofrece un servicio se encuentra con otra persona que lo demanda. Es decir que no se responsabilizan del trato al que llegan los dos individuos, y además recibe una suma económica casi simbólica como intermediario. Pero sí que al final del día son la entidad que acapara mayor beneficio por acumulación del volumen de operaciones que realiza y que la tecnología le permite.
La visión del urbanista y docente de la UPC, Carles Llop, aborda esta situación planteando que «debe haber una reversión de buena parte de estas rentas producidas por las tecnologías, en las transacciones e interacciones urbanas y que deberían revertir en la esfera pública. A los sistemas que, a través de aplicaciones, liberalizan el tipo de usuario y el tipo de facilitador del servicio le falta que puedan tener restricciones, no como normas negativas o coercitivas, sino en el sentido de que si uno quiere facilidades, debería contribuir con servicio».
Lo interesante de esta cuestión es que su solución ya no se encuentra en el medio físico de nuestras ciudades, como venía sucediendo hasta ahora. No es un problema de saneamiento, o sólo de pavimentación de una calle muy concurrida –que también–, sino que tiene más que ver con los intangibles del fenómeno urbano que se hacen más difíciles de cuantificar. Y uno de ellos es la pérdida de cohesión social por la precarización o la pérdida de poder adquisitivo en relación al aumento de los costes de vida.
Carles Llop afirma que lo expuesto es que «hay mecanismos para que las rentas que producen las TIC’s se transformen en rentas sociales, en salarios sociales. Pero esto son políticas urbanas. No se trata de una cuestión meramente impositiva, sino de mutualización, co-evolución, o sea, intentar conseguir que realmente la frontera entre lo público y privado sea un tema de gestión comunitaria, que surjan nuevas formas de gestión política y de gobernanza».
Este discurso lo sintetiza el investigador Domenico di Siena de una manera muy eficaz cuando expone que «el reto de las tecnologías es generar procesos que estén anclados al territorio. El encuentro de las personas a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se da en un espacio virtual, autónomo respecto al territorio, y la cuestión que se tiene que resolver es cómo se fija una plataforma digital a una localización geográfica concreta». Es decir que sean capaces de aportar valor al lugar donde se implantan, en vez de actuar como un ente ajeno que solamente es capaz de generar un beneficio económico descontextualizado.
Aquí es capital el acceso a la información que se genera, en manos de quien queda y como se gestiona y para qué. Como apuntaba Oriol Estela, de la Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, en su respuesta a esta cuestión: «La soberanía tecnológica es imprescindible, para construir lo que queremos no podemos ser ajenos a la evolución y a la apropiación de las tecnologías (…). Hay que buscar los mecanismos por los cuales nos apropiemos de la tecnología en nuestro beneficio como comunidad.»
Es decir, en la accesibilidad a los datos está el quid de la cuestión. El peligro que se corre en este caso es cuando la mayoría de los datos se encuentran en manos de muy pocos que los usan en su propio beneficio sin aportar valor para la comunidad.
Esto nos empuja a una nueva reflexión, la ciudadanía a nivel representativo la ejercemos a través de las instituciones públicas, en el espacio compartido, ya sea este un edificio de gestión pública o en el espacio público propiamente dicho, pero se puede dar la paradoja facilitada por las nuevas tecnologías de que alimentemos procesos sin salir de nuestras habitaciones, desde un ámbito estrictamente privado, sin interactuar con nadie en el espacio común. Y aquí la gran pregunta ¿podemos generar ciudad sin la experiencia de la interacción en el medio físico con los otros? ¿Es la participación ciudadana la respuesta a esta cuestión?.
Fuente: Infobae
