A casi diez años desde que en 2013 se comenzara a investigar el denominado caso Lava Jato, donde se descubrió en Brasil una importante red de corrupción y pago de sobornos a políticos -que se destapó en 2016-, donde la principal involucrada fue la constructora Odebrecht, pero que se extendió a una decenas de compañías en varios países de la región, las involucradas siguen dando pasos para desligarse y dejarlo atrás.
Tal es el caso de la peruana Graña y Montero -que actualmente cambió de nombre a Aenza-, que en 2017 comenzó a ser investigada en su país y, a raíz de todo tuvo que tomar drásticas medidas para seguir operando: desde cambiar su nombre, hasta renovar completamente su gobierno corporativo, ejecutivos y accionistas.
Mientras los procesos judiciales siguen avanzando -donde uno de los últimos hitos es que José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña firmaron un acuerdo con el Ministerio Público, donde reconocieron delitos de corrupción y se comprometieron a colaborar con la información-, Aenza ha comenzado a retomar cierta normalidad en su operación.
Fue en su memoria anual del 2021, donde Aenza entregó un estatus de sus nuevos rumbos tras la profunda crisis que implicó el caso. La firma mantiene operaciones establecidas en Perú, Colombia y Chile y cuenta con experiencia en más de 12 países a raíz de sus más de 80 años de vida.
El “2021 ha representado un punto de inflexión en la historia de la compañía”, destacó la compañía. Esto, porque el fondo de private equity brasileño IG4 ingresó como nuevo accionista de referencia, con 33,87% de la empresa.
De todos modos, para llegar a eso, en 2020 la firma había cerrado un acuerdo con el Ministerio Público, donde se comprometía a pagar una indemnización al Estado por unos US$ 40 millones en 12 años, para lo cual además de seguir colaborando, firmó un contrato de fideicomiso con el Ministerio de Justicia, en virtud del cual ofreció activos en garantía con un valor aproximado de US$ 24 millones, lo que tuvo el beneficio de reducir la incertidumbre sobre la imposición de embargos de bienes que podrían entorpecer la capacidad de operación.
Así, la ex Graña y Montero está dando vuelta la página. Juan Revilla, presidente de la compañía, enfatizó en la memoria anual que con el ingreso de IG4 “se ha iniciado un proceso de transformación que sienta las bases para la construcción de un futuro prometedor, con los más altos estándares de buen gobierno corporativo y con una nueva estrategia de crecimiento y generación de valor para nuestros grupos de interés que busca expandir nuestras capacidades y consolidarlas a nivel regional”.
Aunque las confianzas tardan en recomponerse y el efecto económico de la crisis se dejó sentir -en 2016 la firma tenía ventas por US$ 1.925 millones, prácticamente el doble que el año pasado-, bajo la nueva estructura la compañía salió al mercado a emitir bonos convertibles por US$ 90 millones, “ya que generó confianza y motivó a otros accionistas y nuevos inversionistas a participar como bonistas”.
Luego de esto vino en septiembre el cambio de directorio que se mantendrá hasta 2024, en el cual está comprometido “con los más altos estándares de ética y buen gobierno corporativo”, y cuenta con miembros de diversos países como Perú, Brasil, España, Chile.
En ese sentido, el presidente del directorio señaló que “somos conscientes que retomar el crecimiento supone un reto importante, pero la experiencia y excelencia operativa de la compañía, la dedicación, capacidad adaptativa y resiliencia de su equipo, y los planes específicos diseñados para cada unidad de negocio, permitirán que alcancemos los objetivos que nos proponemos”.
La compañía peruana quiere recuperar el terreno perdido y organizó su operación en cuatro unidades de negocios. Por un lado la de Infraestructura, que representa cerca del 50% del total de su Ebitda y donde identifica “interesantes” oportunidades de crecimiento, y área con la que buscará expandir su portafolio en Perú hacia otros países de la región.
En esa línea, decidió dividir el negocio en otras tres unidades: Ingeniería y Construcción, Inmobiliaria y Energía, con las cuales buscará fortalecer las posiciones que sostiene en los mercados donde actualmente se desempeña, para retomar el crecimiento en un futuro cercano.
De acuerdo con fuentes ligadas a la compañía, todos los cambios que se han hecho -a nivel de directorio y ejecutivos- ha generado un reordenamiento que está reencantando al mercado.
Así, hace unas semanas anunció el cierre de un nuevo financiamiento, por US$ 11 millones, con nuevos bancos -que en general a la empresa la tenían bloqueada- y bonos convertibles, “esto implica que se están abriendo nuevos mercados para financiamiento y poder avanzar en seguir en obras de infraestructura”, ahondó.
En 2021, la firma tuvo ventas por US$ 987 millones, cifra 25,4% superior a lo reportado en 2020. La Utilidad Bruta acumulada fue de US$ 98 millones, reflejando un alza de 27,4% frente a 2020.
Al respecto, una de las fuentes consultadas afirmó que a Aenza le ha costado retomar el camino de la confianza porque Perú ha estado afectado por la pandemia y los problemas internos de ese país. “Todo esto se ha demorado, tanto la actividad económica como los procesos legales por lo que está pasando”, comentó.
Mientras todo esto avanza, fuentes conocedoras de la empresa concuerdan que el gran desafío de la compañía es seguir cambiando su cultura interna, algo que ya está en curso con la llegada de nuevos directivos y ejecutivos, pero que tomará tiempo.
“El objetivo de nuestro sistema de gestión es construir una cultura de ética y cumplimiento en la organización. El 21 de mayo de 2021 firmamos el Acuerdo Preparatorio de Colaboración Eficaz con el equipo especial de fiscales. En el mismo, la compañía reconoce que fue usada por algunos de sus exdirectivos para la comisión de hechos ilícitos hasta el 2016 y se compromete, en consecuencia, al pago de una reparación civil al Estado”, recordó su presidente en la memoria.
Se ha hecho bastante, justificó una de las fuentes ligadas a Aenza, pero advirtió que “siempre quedan cosas por hacer y tanto el directorio anterior como el nuevo, mejoraron mucho en cuanto a gobierno corporativo y ahora con la entrada del fondo IG4 se va a seguir mejorando, pero eso toma tiempo”.
De todos modos, los negocios están llegando a la compañía. En 2021 cerró con un saldo de contratos por ejecutar de US$ 1.285 millones, lo cual reflejó una recuperación “significativa” frente a 2020.
De este backlog, el 47% es de concesiones y el 49% proyectos privados, relacionados con el transporte, petróleo y gas y proyectos mineros. La mayoría está en Perú (89%), seguido por Chile (9%) y Colombia (5%).
Actualmente Aenza es la concesionaria de la Línea 1 de Metro de Lima, mientras que en carreteras mantiene Norvial, Survial y Canchague en Perú. Esto se suma a otros proyectos como plantas de tratamiento, la exploración y producción de petróleo y gas natural, entre otros.
