Proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales por cerca de US$ 3.000 millones, que tenían observaciones de la Contraloría General de la República o dificultades reportadas por sus impulsores, tienen desde ahora el horizonte despejado. Esto, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó una circular que valida los acuerdos que los desarrolladores habían alcanzado con las diferentes comunas donde levantarían sus inversiones, y así no deben someterse -casi de forma retroactiva- a exigencias de la Ley de Aportes al Espacio Público, que se oficializó a fines de 2016, aunque sus reglamentos aún están en desarrollo.
La división de Desarrollo Urbano del Minvu emitió el pasado 12 de septiembre la Circular N° 413, relacionada con la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos del valor por ampliación del límite urbano. En lo medular, el documento aclara que son válidos cada uno de los «incentivos o condiciones» contenidos en los instrumentos de planificación intercomunales y comunales, siempre que hayan sido establecidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público (ver recuadro), es decir, antes del 15 de octubre de 2016.
La circular, explican en el Minvu, también interpreta que -conforme a la ley- no corresponde que una autoridad (dirección de obras municipales -DOM-, Contraloría General de la República, Seremi de Vivienda y Urbanismo, entre otros) califique entre cuáles incentivos o condiciones se entienden validados y cuáles no.
Asimismo, señala que los anteproyectos aprobados y permisos de edificación otorgados por las DOM que se acogieron a los incentivos y condiciones de instrumentos de planificación territorial quedan validados por el artículo quinto de la Ley 21.078.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, señala que «esta circular tiene en su ADN la búsqueda de la integración social, porque una de las cosas más importantes que plantea es que se respeten los incentivos que estaban al interior de los planes reguladores en distintas comunas del país, en los que se habían definido zonas prioritarias para la densificación. Pero también permite dar certezas a una serie de proyectos que ahora se podrán desarrollar en distintos lugares del país y que los expertos calculan en varios miles de millones de dólares, aportando también a la dinamización de la economía».
La jefa de la división de Desarrollo Urbano del Minvu, Paz Serra, explica que «el objetivo de este documento es hacer aclaraciones cuando existen ciertos vacíos, interpretaciones o simplemente consultas de parte de terceros. En este caso se nos acumularon muchas consultas. Por ejemplo, hay municipios que tenían dudas sobre la aplicabilidad de estos incentivos en los planos reguladores».
Serra añade que «los incentivos que se están respetando se condicen con el espíritu de la Ley de Aportes al Espacio Público, cuya reglamentación está en desarrollo en estos momentos. Estos incentivos en su mayoría hacen prevalecer la densificación en determinadas zonas en distintas comunas del país, lo que favorece una mayor oferta de vivienda».
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, comenta que «la incorporación de incentivos en los planes reguladores comunales es una práctica que comenzó a desarrollarse hace ya bastante tiempo por los propios municipios y que históricamente ha contado con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que permite a las comunas mejorar su entorno urbano y la calidad de vida de sus vecinos mediante obras que se estiman necesarias a nivel local, como soterramiento de cables, conexión de galerías o pasajes y generación de espacios públicos, entre otras».
Según el titular del gremio, el marco legal que hoy existe ratifica la validez del mecanismo de incentivos, «lo que le da certeza jurídica a la industria inmobiliaria, claridad a los directores de obras municipales y mayores posibilidades a los municipios para mejorar su entorno».
Para el past president del Colegio de Arquitectos de Chile, Alberto Texido, «la certeza jurídica implica una condición de las reglas del juego claras, lo que involucra conocer cómo mitigar».
Sostiene que es necesario que la Ley de Aportes al Espacio Público comience a regir pronto para que grandes proyectos realicen mitigaciones de forma clara.
En el Minvu indicaron que, según estimaciones de la CChC, la normativa contribuirá a destrabar proyectos por unos US$ 3 mil millones, principalmente en Providencia, Las Condes, Santiago y Huechuraba. Cerca de 60% corresponden a viviendas y 40% a comercio y oficinas.
Esas iniciativas, añade el ministerio, tenían observaciones en Contraloría o dificultades informadas por sus socios. Los planes estaban en diferentes etapas; por ejemplo, algunos no habían iniciado obras; otros no podían continuar, pues no se les otorgaba el permiso de edificación según el anteproyecto, y otra parte se frenó. «Hicimos un catastro para dimensionar el problema que significaba no tener resuelto este tema y si bien no se trata de un análisis exhaustivo, sí logramos identificar cerca de 80 proyectos, por un monto superior a los US$ 3 mil millones, que estaban siendo afectados por esta situación», dice el presidente de la CChC.
Fuente: El Mercurio
