Hay que saludar el acuerdo suscrito entre la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú para denunciar y lograr sanciones efectivas contra los falsos sindicatos que promueven bandas delincuenciales, que han sembrado el terror y la violencia en la construcción de obras civiles.
La participación de estas instituciones sociales resulta fundamental para acabar con las mafias de la construcción, pues, sin denuncia y, sobre todo, sin la firme voluntad de trabajadores y constructores de no ceder al chantaje de estos criminales, de nada vale el esfuerzo de la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público al respecto.
Lamentablemente, los asesinatos, las extorsiones, la imposición de trabajadores fantasmas en la planilla y el pago de cupos continúan siendo moneda corriente en este sector, lo que incrementa el costo de las obras y genera inseguridad de trabajadores y empresarios.
A finales del gobierno pasado se creó la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles de la Policía Nacional, con la intención de desterrar a estas bandas de las obras, y justamente uno de los pedidos de Capeco y los sindicatos es ampliar el ámbito de acción de este cuerpo policial a provincias, donde se ha incrementado el delito.
Otra solicitud de estas entidades es evitar la formalización de falsos sindicatos promovidos por bandas delincuenciales, y que se cancele el registro de las seudoorganizaciones sindicales involucradas con la delincuencia.
Asimismo, demandan la puesta en marcha de una estrategia integral para combatir la acción de las bandas delincuenciales, así como a los falsos trabajadores, que además de ser causantes de pérdidas humanas y materiales, constituyen una fuente de corrupción flagrante.
Al respecto, a inicios de este año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo puso en vigencia el primer Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, que permite identificar a los verdaderos trabajadores y gremios dedicados a esta actividad, y separarlos de los delincuentes y seudosindicatos que generan violencia.
El primer listado arrojó un total de 300,000 trabajadores en el rubro, que constituye una base de datos confiable que, de acuerdo con los especialistas, será una herramienta fundamental para prevenir la delincuencia.
Este registro, además, obliga a las organizaciones sindicales a actualizar su padrón de afiliados, y aquellas que incumplan con esta disposición serán pasibles de procesos judiciales de disolución sindical y, posteriormente, se cancelará su respectivo registro.
Como vemos, el Estado ha tomado acciones para erradicar esta práctica delictiva, y estamos seguros de que ahora, con una participación decidida de empresas constructoras y sindicatos, perfeccionará la estrategia y, de esta manera, llevará tranquilidad y seguridad a un importante sector social y económico del país.
Fuente: El Peruano
