El directorio de Codelco informó este jueves que acordó llevar a los Tribunales de Justicia la controversia generada por los últimos pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR), de modo de esclarecer el marco normativo que rige a la compañía, la que considera que debe ser tratada como una empresa y no como un servicio público.
“Esto, luego de las recientes declaraciones del contralor (Jorge Bermúdez) que anticipan el rechazo a la reconsideración en curso, lo que dificulta una solución por la vía administrativa”, explicó la compañía.
Las diferencias respecto a las atribuciones de fiscalización de la Contraloría sobre la compañía se originan en un dictamen en el que el organismo cuestionó la indemnización de $511 millones entregada al ex director de la minera, Augusto González.
El directorio además acordó convocar a una sesión extraordinaria el 5 de junio en la que se analizará el estado del diferendo con la Contraloría y medidas adicionales que tomará la empresa.
“El directorio quiere dar una señal de tranquilidad a toda la sociedad chilena y asegurar que trabajará para minimizar las dificultades que este diferendo está causando en las operaciones y contrataciones de la corporación”, añadió.
A juicio del directorio, las opiniones emitidas ayer por el contralor Bermúdez en presentaciones realizadas ante las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y el Senado , “dejan ver que dicha autoridad entiende que la CGR posee atribuciones para evaluar el mérito de las decisiones empresariales de Codelco, atribuciones con las que la corporación difiere, pues cuestionan directamente el rol que la ley ha otorgado a su gobierno corporativo, diferencia que deberán resolver los tribunales”.
En este sentido la empresa afirmó que “optar por el camino judicial evitará un mayor daño a la institucionalidad que producen declaraciones acaloradas, en ocasiones contradictorias y que en nada contribuyen al fortalecimiento del rol de la empresa pública”.
El directorio precisó que mientras se mantenga esta controversia jurídica, ha instruido a la administración gestionar a la empresa tomando los resguardos para no exponer a sus ejecutivos y profesionales a decisiones en materias donde se ha generado incertidumbre a raíz de la interpretación hecha por la Contraloría, de modo de afectar en la menor medida posible el buen funcionamiento de la empresa.
La semana pasada el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había entregado el respaldo del Ejecutivo a Codelco en medio de las recientes diferencias generadas con la Contraloría y señaló que directivos de otras empresas públicas también le habían manifestado su preocupación respecto a las facultades de la entidad.
“Por el lado de las empresas quiero decir que nosotros comprendemos la preocupación de los directorios respectivos y vamos a apoyar las medidas que ellos consideren apropiado tomar, esto incluye si fuera necesario que algunos de estos temas sean resueltos por los Tribunales de Justicia como corresponde en un Estado de Derecho”, afirmó Valdés en dicha ocasión.
CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS
En relación a la información difundida por algunos medios, sobre contratos con empresas relacionadas por US$783 millones, el directorio señaló que dicha cifra nace precisamente de la diferencia interpretativa que origina la controversia.
La Contraloría señala que a Codelco se le aplicarían ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas que la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la CGR y a la Cámara de Diputados. En tanto, la corporación se ha regido hasta ahora por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina para la contratación con empresas relacionadas, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley (Ley de Compras Públicas), sostuvo Codelco.
Respecto a los contratos con partes relacionadas, indicó que “las declaraciones del contralor implican que su objeción no apunta a la existencia de un daño patrimonial para la empresa, sino que indica que se habría incumplido el deber de informar a la CGR y a la Cámara de Diputados que señala la Ley de Compras Públicas. Adicionalmente, se debe tener presente que estos contratos son sometidos a los controles, exigencias legales y procedimientos que la Ley de Sociedades Anónima contempla para garantizar que sean realizados en el interés de la empresa”.
