Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) revela alto nivel de conflictividad en los contratos: el 21% termina en la justicia. El 90% de las empresas asegura haber enfrentado discrepancias con sus clientes.
Alzas de costos, menores márgenes de rentabilidad y extensión de los plazos originalmente pactados son algunos de los problemas que han enfrentado las empresas constructoras durante los últimos años.
Según el “estudio sobre divergencias contractuales en empresas socias” elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 33% de 1.072 contratos de infraestructura celebrados entre 2012 y 2014 generaron discrepancias entre contratista y mandante durante su ejecución. La cifra incluye obras tanto del sector público como privado.
Si bien en 2014 el nivel se mantuvo respecto de 2012 (34%), aumentó dos puntos porcentuales en comparación a 2013 (ver infografía).
El sondeo se levantó entre julio y septiembre de 2015, y se entrevistó a gerentes o cargos responsables de los contratos de 51 empresas socias de la CChC. Del total de divergencias detectadas en el período, 63% correspondió a desavenencias que lograron ser resueltas entre las partes, 16% a controversias donde tuvo que interceder un tercero y 21% a conflictos que terminaron en la justicia.
Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC, afirma que la cantidad de proyectos que llegan a esta última instancia es elevada en comparación a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), donde el promedio bordea 10%.
“Que 20% llegue a juicio quiere decir que no funcionaron los procesos previos. En la Ocde, estos problemas no son recurrentes, porque existen mecanismos tempranos de solución de conflictos. Eso es lo que deberíamos comenzar a reforzar acá”, postula el ejecutivo.
Según el estudio, pueden pasar años sin que se llegue a un acuerdo. Eso se traduce en que el pago tampoco se efectúa. “Un juicio puede durar, en promedio, a lo menos dos años, lo que puede llevar a la quiebra a una empresa, ya que en ese período no se efectúan pagos”, asegura Piaggio.
De acuerdo a la encuesta, 90% de las 51 empresas catastradas acusó haber atravesado por divergencias con su mandante durante el desarrollo de la obra de infraestructura. La tendencia se observó con mayor fuerza en las firmas que facturan anualmente entre $ 15 mil millones y $ 50 mil millones, afectando al 95% de ese universo.
“Lo preocupante es que las divergencias se mantienen en los últimos tres años, lo que quiere decir que los proyectos de infraestructura sufren modificaciones a la larga, porque son complejos. El tema es cómo se resuelven esas divergencias”, insiste el gerente.
En el 42% del total de casos, de hecho, la divergencia se resolvió parcialmente o no llegó a solución. Las empresas donde la situación se resolvió íntegramente crecieron en relación a 2014, donde equivalieron a 48%.
Alerta temprana
A la luz de la encuesta, Piaggio concluye que no están siendo utilizados mecanismos que identifiquen tempranamente las divergencias. Por eso, promueve la necesidad de iniciar un trabajo en común entre mandante y contratista, para pactar mecanismos formales de resolución de problemas.
Recalca que la industria de la infraestructura pública y privada debiera incorporar medidas de este tipo, tal como ya lo han hecho Codelco y Metro. Estas prácticas, detalla, se orientan a establecer instancias fijadas contractualmente, que gatillan un procedimiento ante discrepancias.
“Hay una suerte de comisión que monitorea y actúa al momento de generarse una diferencia. Lo que pasa hoy es que los problemas que se generan al inicio no se resuelven de inmediato y se van dejando como reclamación final. Entonces, cuando se llega a una etapa avanzada del contrato, el problema que al inicio fue simple, después es más grande y más costoso, ocasionando mayores diferencias de interpretación”, describe Piaggio. En ese sentido, añade, sería favorable fortalecer la capacitación del manejo contractual.
Los resultados del sondeo muestran que las reuniones y contactos informales siguen siendo los métodos más utilizados para buscar puntos de encuentro. “Ni siquiera a nivel de la alta gerencia hay un mecanismo demasiado formal en términos de una instancia que revise y chequee las desavenencias que generan el conflicto”, precisa el gerente. Las empresas de menor tamaño tienden a contar con menos políticas que aquellas que facturan más.
El 71% de las empresas declaró contar con políticas o estrategias para resolver las divergencias contractuales. Este resultado es casi idéntico al obtenido en 2014, donde 70% de las firmas marcó esta opción. Las principales estrategias con las que cuentan son asesorías jurídicas y el contacto con la gerencia de la contraparte.
Efectos adversos
Del universo de compañías con divergencias, el 87% señaló haber tenido efectos negativos. Entre los más mencionados están los efectos económicos y financieros (73%).
En la totalidad de las empresas que declararon divergencias contractuales existieron variaciones del contrato original, 96% registró modificaciones del valor estipulado en el contrato y todas sufrieron variaciones de costos por un promedio de 29,7%. En promedio, el valor aumentó 26% como consecuencia de las divergencias.
En 92% de los casos también se alteraron los plazos, lo que afectó mayormente a las empresas que facturan sobre $ 50 mil millones (96% de ellas). De hecho, si en general las obras duran un año y medio, producto de las diferencias se alargaron seis meses en promedio. Todos estos niveles, dice la CChC, se han mantenido prácticamente constantes en los últimos años.
Además, 38% de las empresas declaró haber experimentado variaciones distintas a plazos, costos y valores. Entre los otros cambios mencionados destacan los proyectos y las condiciones del contrato.
“Si por algún problema en el proyecto tengo que hacer algo distinto, lo más probable es que aumente el valor del contrato. Pero en algunos casos, cuando hay aumento de plazo, no significa aumento de precios. Entonces, el costo lo asume la empresa. Por eso, más allá de si las divergencias se solucionan o no, el solo hecho de que ocurran implica alto impacto en costos”, explica Piaggio.
A esto suma que en la mayoría de las divergencias que las partes resuelven en las etapas previas al conflicto, por lo general “se impone la voluntad del mandante” sin mucha negociación. “Hay una presión por evitar el conflicto y generalmente el contratista no queda a gusto”, dice.
Problemas comunes
Las principales fuentes de divergencia que se generan posterior a la firma del contrato se relacionan con modificaciones al proyecto originalmente pactado en un 95% de los casos. El 80% de las firmas también menciona la inspección de avance de obras y el mismo porcentaje el plazo de desarrollo del proyecto. Otro 80% acusa divergencias en el cumplimiento de la Carta Gantt y 75% en la mecánica de suelos, mismo nivel que concentra el ítem pago oportuno de avances pactados.
El estudio también muestra que en el 85% de las constructoras, las diferencias aparecen al momento de ejecutar la obra. “Un problema típico es una empresa que le dijeron que el terreno era arcilloso y después, recién al iniciar la obra, se dio cuenta de que tenía otras cualidades, lo que genera que el proyecto finalmente genere más plata”, dice Piaggio.
Fuente: La Tercera
