Respuesta a artículo Proyecto El Alto Puchuncaví publicada en el diario «El Mostrador»
Señor Director:
En relación al artículo aparecido en su diario bajo el título «Proyecto Inmobiliario de Francisco Walker Prieto amenaza sitio para la biodiversidad en Maitencillo» debo manifestar a Ud. mi enérgico desmentido y rechazo a su titular y contenido, lo que se aleja categóricamente de la realidad.
Para su mejor información y esperando me conceda la misma tribuna, le aclaro que NO soy propietario del proyecto, ni tampoco lo es la empresa que dirijo, tal como en su oportunidad le informamos a la periodista a cargo del artículo. Es más, sólo formo parte de un equipo de asesores inmobiliarios que está colaborando con el diseño del proyecto. Los terrenos pertenecen a una familia que heredó este predio luego de la muerte de su padre, la que -empeñada en buscar un desarrollo de mínima intervención ambiental para proteger el suelo donde habría esparcido incluso las cenizas de su fallecido padre-, nos contrataron para que nuestro equipo la ASESORARA en la búsqueda del mejor desarrollo sustentable.
Le faltó señalar en su artículo que el terreno de 240 hectáreas es parte de una Zona Urbana del Plan Regulador Comunal (PRC) de Puchuncaví aprobado por la comuna y que en su momento hizo una Declaración De Impacto Ambiental (DIA), que definió para este sector una densidad para el desarrollo de más de 6 mil viviendas. Usted comprenderá que, ni nosotros ni la familia propietaria, intervino en dicha aprobación del instrumento normativo.
Dicho lo anterior, lo que la periodista NO informa es que los propietarios iniciaron un largo proceso de aprobaciones, que lleva más de 4 años, discutiendo y acordando con el sector público y diferentes organismos, los términos a considerar, lo que ha concluido en presentar un proyecto para desarrollar sólo 450 viviendas (un 7% de lo permitido en el PRC), proponiendo dejar una zona de protección de más de 31, 64 hectáreas para la protección de la biodiversidad en la zona costera. Adicionalmente se plantea la creación de 19,27 hectáreas de protección de bosque nativo y enriquecimiento forestal (un total de 50,91 hectáreas, que representa el 25,2% del terreno urbanizable evaluado). En vez de edificios de 12 o más pisos que permite el plan regulador, el proyecto considera sólo condominios con densidades que permiten únicamente viviendas en lotes de 3 mil m2 promedio, con alturas de hasta 2 pisos, más loteos de condiciones equivalentes.
Respecto a que habríamos hecho las cosas precipitadamente y presionando a las autoridades para ello, quiero aclarar que primero presentamos una DIA y luego un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por ser ésta una zona saturada. Este estudio se contrató a la empresa “Sustentable” y ya se han presentado 4 adendas (algo inusual para un proyecto), las que han recogido prácticamente todos los requerimientos y aportes que se han hecho, de manera transparente y abierta. Han participado 4 biólogos de renombre nacional quienes han definido con argumentos científicos las mitigaciones a considerar, con el fin de lograr un proyecto sustentable para todos.
Habla su artículo de la opinión principalmente de dos actores que se oponen al proyecto: el presidente de la ONG Chinchimen Javier Trivelli y la señora Tania Bertoglio, SEREMI de Medio Ambiente de la V Región. No es de extrañar su sesgo, toda vez que ambos se han coordinado en acciones contra el proyecto, habiendo incluso la SEREMI de Medio Ambiente visitado el terreno en compañía de Trivelli (y publicado en la web de esa secretaría ministerial). Sin embargo la autoridad nunca recibió a los titulares del proyecto, pese a haberle requerido reuniones formales. En relación a reuniones sostenidas con otros organismos públicos bajo la Ley del Lobby, ésa es justamente una señal de la transparencia con la que hemos hecho nuestras gestiones, para explicar bien los alcances del proyecto, a diferencia de Trivelli, que hace las cosas de forma oculta y haciendo uso de un lobby soterrado. Quiero destacar que de los 19 servicios que participan en el proceso ambiental, sólo la SEREMI de Medio Ambiente ha rechazado formalmente el estudio.
El proyecto es un aporte para la Región y sólo busca proteger el medio natural para beneficio de la comunidad toda. Los propietarios del terreno y del proyecto han permitido por años el libre ingreso de personas al terreno, con el acceso de motos, autos, parapentes, etc., un escenario evidentemente más dañino y perjudicial que el que se propone en el EIA, que incluye la creación de una Fundación mixta, privada y pública, que asuma el cuidado y monitoreo del sector, con acceso controlado y generando un proceso educativo de la biodiversidad.
Francisco Walker P.
