Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) representan un desafío colosal en la actualidad. En entrevista con Felipe Ossio, Director de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor del Estudio “Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos”, se pone de manifiesto la envergadura de este problema tanto a nivel nacional como global. Según Ossio, “Chile, como muchas naciones, se encuentra inmerso en una crisis de RCD que no puede pasarse por alto.”
Su disposición inadecuada conlleva graves consecuencias en términos sociales, ambientales y económicos. Por lo que se hace esencial fomentar la economía circular, promover la gestión eficiente de los RCD en obras y garantizar la disposición legal en todas las regiones del país.
Los RCD son un dilema que afecta a los sectores de la construcción a nivel global, y Chile no es la excepción. Según Ossio, “El 35% de los residuos sólidos en el mundo están vinculados a la industria de la construcción. En el caso de Chile, se estima que anualmente se generan 7,2 millones de toneladas de RCD. Esto puede parecer poco comparado con grandes generadores, por ejemplo con China que genera 1130 millones de toneladas o Estados Unidos que genera casi 600 millones de toneladas. Sin embargo, algo que debemos considerar de la industria chilena es que si tomo el factor de generación, que vincula la cantidad de residuos que se generan producto de una unidad constructiva, es decir, cuántos metros cúbicos de residuos yo genero por cada metro cuadrado que construyo, la verdad es que nuestra industria sale mal porque generamos el doble que países desarrollados”.
Esta discrepancia no solo constituye un problema ambiental, sino también un grave desafío para la productividad de la industria de la construcción en el país, ya que “A la larga ese residuo que botamos es un material que compramos y botamos”, comenta Ossio.
Una de las facetas más preocupantes de la problemática de los RCD en Chile es la falta de sitios legales de disposición en todas las regiones. Alrededor del 20% de los residuos generados en el país carece de un sitio de disposición final legal en sus respectivas regiones.
Esto conlleva la necesidad de enviar estos residuos a rellenos sanitarios que no están diseñados para asimilarlos adecuadamente. Como resultado, se presentan problemas graves como la perforación de impermeabilizaciones y la disminución de la vida útil de estos rellenos. “Cuando estos residuos son llevados a lugares que no tienen ningún resguardo estructural ni cuidado con el medio ambiente, se basan en la creencia de que los residuos son esencialmente inertes y no lo son, porque no hay un real control y por lo tanto en esos residuos va de todo”, comenta Ossio, para quien la situación se ha vuelto aún más compleja “Cuando se hizo el estudio se detectaron 3735 sitios de disposición final ilegal entre microbasurales y vertederos, y yo he vuelto a hacer el estudio y eso ha aumentado un 25%. La meta para la Hoja de ruta para un Chile Circular 2040 es disminuir estos pasivos ambientales en un 90% pero al contrario están aumentando. Y es complejo porque se requieren financiamiento e instrumentos que permitan realmente erradicar estos lugares”.
Las regiones más afectadas por la proliferación de sitios ilegales de disposición son la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía y Biobío. Estos sitios ilegales suelen ubicarse en comunas vulnerables, lo que agrava el problema al requerir recursos que podrían destinarse a otras necesidades de la población, pero se presentan otros problemas.
Desde el punto de vista ambiental, se observan consecuencias devastadoras para los terrenos que experimentan inestabilidad, los drenajes naturales se ven alterados y se produce una contaminación ambiental generalizada. El suelo, las aguas superficiales y subterráneas se ven afectados, al igual que la calidad del paisaje. Además, la ocupación del suelo conlleva la pérdida de la capa vegetal y la disminución de la fauna.
En términos económicos, las comunidades se ven obligadas a invertir recursos considerables en la recuperación de estas áreas. Además, la plusvalía de las viviendas cercanas disminuye significativamente, lo que impacta negativamente en los habitantes de la zona. En el caso de vertederos ilegales, estos se convierten en elefantes blancos, ya que cualquier proyecto futuro resulta inviable.
Desde una perspectiva social, estos sitios ilegales generan inseguridad y amenazas para las comunidades circundantes. La falta de estabilidad estructural puede provocar desprendimientos de terreno o inundaciones debido al estancamiento del agua.
Uno de los mayores desafíos en la gestión de los RCD es la falta de protocolos claros. “Abrir un sitio de disposición final en una región es una tarea compleja y políticamente delicada. La economía lineal ha predominado, donde la solución es “esconder” estos residuos. Sin embargo, la transición hacia una economía circular, donde los residuos se consideran recursos, requiere promover estaciones de transferencia y lugares de acopio que permitan estrategias de valorización de estos residuos. A nivel administrativo, esto se complica, ya que pocos quieren autorizar un sitio de disposición final en su territorio”, comenta Ossio.
Para abordar esta problemática, se ha establecido un acuerdo interministerial en favor de la construcción sustentable. Y surgió la norma NCh 3562, que proporciona directrices para un plan de manejo de RCD en obras, “Lo más destacable de esta norma es que finalmente se establece una definición legal de RCD, lo que permite tomar acciones legales. Además, se puede exigir la implementación de esta norma e incorporarla en los contratos de nuevas obras, promoviendo así una gestión más eficiente de los RCD”, destaca Ossio.
Sin embargo, el camino por recorrer es largo. Se necesita un cambio de paradigma en el que los residuos se consideren recursos, promoviendo la integración de estos residuos en la cadena productiva. Además, para Ossio se requiere que todos los sectores contribuyan a esta tarea, “las pequeñas y medianas empresas que están innovando en esta área requieren incentivos para competir con las grandes corporaciones y la academia debe seguir investigando”.
Fuente: Instituto de la Construcción
