Estos últimos años no han sido fáciles para Chile y particularmente para su economía. Un factor que ha impactado fuertemente al rubro inmobiliario y de la construcción, que se ha visto reflejado tanto en la debilidad de los resultados financieros de las distintas compañías del sector, como en la cantidad de firmas que han iniciado procesos ante la justicia.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento del país, durante la primera mitad del año se recibieron 72 solicitudes de liquidaciones de empresas relacionadas con la construcción, lo que representa un aumento del 2% respecto al periodo anterior. Mientras tanto, las compañías deudoras del sector que entraron a reorganización durante este semestre fueron cuatro, misma cantidad que se presentaron en 2022.
Asimismo, de las 636 empresas inscritas en el registro de contratistas del Ministerio de Obras Públicas, sólo cinco han quebrado este año, lo que equivale a menos del 1%. Durante 2022, según cifras de la institución, nueve firmas solicitaron su liquidación.
Este difícil periodo no solo afectó a las pequeñas empresas del rubro, sino también a aquellas que llevaban décadas funcionando. Este es el caso de la constructora Cosal, firma fundada en 1975 por Samuel Levy, que ingresó su solicitud de liquidación voluntaria en julio de este año.
El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, sostuvo que entre las razones entregadas por las empresas para solicitar su liquidación destacan el impacto del estallido social, los efectos de la pandemia que paralizó obras, el aumento del precio de los materiales, la menor disponibilidad de mano de obra con costos al alza, el incremento de la inflación e interrupciones en la cadena logística.
Fuente: DF SUD
