La crisis que enfrenta el sector de la construcción en Chile, azotado por un variopinto mix de factores que incluye el alza de costos, la escasez de materias primas, la menor demanda de viviendas por la inflación y trabas crediticias, ha puesto en riesgo la continuidad de una gran cantidad de iniciativas de infraestructura pública. Y pese a que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto, anunciando, por ejemplo, el reajuste de contratos, el problema persiste.
Evocando lo ocurrido con Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) el año pasado, los casos de quiebra de empresas del rubro se repiten en lo que va del 2023, incluyendo la reciente caída de la constructora Cosal, con 41 años de historia. La lista de cierres contempla además a las firmas M3, Queylén, Proyekta, Buildtek, Las Magdalenas, Basco, Cerro El Peñón, Davjo, MO Constructora, Marazul, e Ingeniería y Construcción Olivares y Utjes SpA.
Puntualmente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuenta con 636 compañías en el registro de contratistas; cinco han quebrado este año, con 36 contratos abandonados de más de 705 que poseen. En 2022, fueron nueve las firmas que se liquidaron. «Hemos establecido alertas que no señalan cuando una empresa entra en insolvencia o problemas de continuidad con su contrato», comentó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a El Mercurio.
«No obstante, el elemento clave es cuando nos dejan obras abandonadas y nos señalan que entrarán en quiebra», añadió López. Si en 222, fueron 43 contratos abandonados, ahora suman 22.
Cabe recordar que el estallido social generó una paralización importante de proyectos, que se agudizó con la irrupción de la pandemia. El estrés económico mundial y el consiguiente problema logístico dispararon los costos más de 30%.
En ese sentido, los contratos de las constructoras son a mano alzada, es decir, a un precio fijo, por lo que si los costos aumentan, el riesgo lo debe asumir la empresa. Y se complica más si, como ha ocurrido, las obras se demoran más de doce meses en iniciarse, con el consiguiente incremento de costos valorizados en un principio.
Frente a esta situación fue que, en noviembre de 2022, el MOP anunció medidas tendientes a actualizar el valor de los acuerdos. Se estableció un polinomio que permitía el pago de reajustes retroactivos para las compañías, con contratos vigentes al 31 de marzo de este año. De acuerdo a la ministra Lopez, a la fecha, 547 contratos han recibido ese pago, lo que representa el 78% de los contratos de obra.
Al ser consultado por el tema, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, expuso a Emol que han sido múltiples factores que se han sumado para explicar el escenario en el que se encuentra el sector. «Desde la paralización y el retraso de las obras producto del estallido social y la pandemia, pasando por el aumento del precio de los materiales y desfases en los pagos de los mandantes, hasta las dificultades para acceder a financiamiento. Y todo ello en el contexto de un país con una alta incertidumbre político-regulatoria y un bajo compromiso con el crecimiento económico y la facilitación de las inversiones privadas», declaró.
«Se tiene que avanzar en solucionar aspectos más estructurales, como la excesiva y costosa tramitología y burocracia, considerar una modernización de los contratos cuyos mandantes sea el Ministerio de Obras Públicas, para que sean flexibles y puedan adecuarse a las nuevas condiciones que se han registrado en los últimos años. A esto, se suma la pérdida de certeza jurídica y los problemas de rigidez y desequilibrios que hoy están presentes en la relación entre el Estado y sus contratistas» Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC
Respecto a las medidas que se requieren para evitar más quiebras, Vicuña dice que, en lo inmediato, es necesario «hacer efectivos los reajustes extraordinarios a los contratos de obras públicas mandatadas por el Estado y adecuar los presupuestos de las licitaciones a la nueva realidad de los costos de construcción. Luego, es clave garantizar la buena ejecución del presupuesto del MOP, así como el desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional, y materializar los convenios para mejorar el estándar de las actuales obras concesionadas».
En paralelo, menciona que «se tiene que avanzar en solucionar aspectos más estructurales, como la excesiva y costosa tramitología y burocracia, considerar una modernización de los contratos cuyos mandantes sea el Ministerio de Obras Públicas, para que sean flexibles y puedan adecuarse a las nuevas condiciones que se han registrado en los últimos años. A esto, se suma la pérdida de certeza jurídica y los problemas de rigidez y desequilibrios que hoy están presentes en la relación entre el Estado y sus contratistas».
Diego Messen, abogado socio de Moraga & CIA y académico, señala que la principal causa detrás de la insolvencia «han sido los contratos que han sido iniciados antes del 2020, antes de la pandemia, donde se estimó un precio de insumos para el cálculo del proyecto que no consideró un alza tan brusca para la concreción de las obras. Esto, unido a que mucho de los contratos a largo plazo, no contemplan sistemas de reajustabilidad por esta causa (imprevisión) lo que hace inviable una oferta inicial sin un ajuste correlativo».
«En ese sector privado, es mas fácil instar a una solución más eficaz, asumiendo que el encargo -la obra- ha incrementado su valor por las contingencias y circunstancias del mercado. Sin embargo, cuando se trata de contratos de obras públicas, esta área se hace más dificultosa, ya que las clausulas contractuales y la normativa vigente, no permiten una re-ajustabilidad por factores de mercado, como ha sido el encarecimiento de insumos», apuntó Messen.
En conversación con este medio, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), se refirió al alcance que esto tiene para el mercado inmobiliario. «Los principales problemas que enfrenta esta industria hoy son el alto costo del financiamiento, la debilidad de la demanda como consecuencia de la inflación y de la incertidumbre laboral. A ello se suma la ralentización del desarrollo de proyectos, producto de una creciente permisología, frente a la cual las capacidades del Estado no han crecido a la par, para administrar estos procesos», indicó
Junto con ello, explicó que, desde el punto de vista de las inmobiliarias, «lo más relevante es la contención de la inflación y la reducción de tasas de interés. Lo primero ya está ocurriendo, lo segundo debe iniciarse lo antes posible. Mientras no se logre vender una proporción importante de la oferta ya disponible, se reduzca el costo financiero y se destrabe el bloqueo permisológico, difícilmente veremos un repunte significativo de la actividad».
Fuente: Emol.com
