El Gobierno comenzó las gestiones para zanjar los compromisos pendientes con la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela, con el fin de reiniciar los proyectos que quedarán inconclusos, luego del anuncio de su quiebra.
En el Congreso citaron al ministro de Obras Públicas, con el fin de abordar las dificultades que atraviesa la industria de la construcción, tanto en mayores costos como en trabas administrativas.
A primera hora de ayer lunes, tres días después de que la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela anunciara su quiebra, iniciando un proceso formal de liquidación, el Gobierno comenzó las gestiones para zanjar los compromisos pendientes con la empresa constructora.
Exigir boletas de garantía, revisar los estados de pago pendientes y conformar los equipos que van a monitorear el proceso, fue parte de lo que se zanjó en la reunión entre MOP, MINVU y CDE.
¿Cuáles son los compromisos? Diez contratos suscritos con el MOP y 400 trabajadores afectados, que son solo una primera parte del proceso, con que el Gobierno pretende abordar esta situación.
Así lo explicó el titular del MOP, Juan Carlos García, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel también abordó el caso, señalando que -más allá del caso puntual- el Ejecutivo está preparando medidas de apoyo al sector de la construcción, que tiene un rol prioritario.
¿Qué medidas se están pensando? Una inyección de recursos que permita poner en marcha a los proyectos paralizados, además de una fórmula de reajuste más permanente, que vendría a hacerse cargo del aumento de los costos, una de las principales complicaciones del sector.
En el Congreso también están atentos a esta discusión, y quienes presiden las comisiones de Obras Públicas esperan medidas que, además, se enfoquen en los procesos administrativos.
Así lo plantearon el diputado Jaime Sáez, de RD y también el senador socialista, Alfonso de Urresti.
Lo cierto es que el caso de Claro, Vicuña, Valenzuela despertó preocupación por el escenario que enfrenta la industria, con un aumento de costos que excede largamente la variación de la inflación, y procesos administrativos que, según dicen, se hacen más patentes en la crisis.
Una situación que puede ser más generalizada de lo que se piensa, según advierte el diputado DC y ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga que, sobre todo, apunta a tomar medidas a tiempo.
Visión similar plantean los expertos, como Alfredo Serpell, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UDD, quien considera que, en cuanto a los plazos que los contratos indican, el Gobierno debería tomar un enfoque más colaborativo, en atención a la crisis.
Parte de estos temas se van a abordar mañana miércoles, en la comisión de OOPP, donde está citado el ministro García que, además de revisar medidas en favor del sector, deberá dar cuenta del plazo y los planes que se tienen para retomar obras pendientes.
Fuente: Biobío
