El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la oposición de la compañía RD Constructora S.A a la medida cautelar emitida por el mismo tribunal a fines de enero de este año, y que dispuso la suspensión de la entrega de permisos de loteo, así como la paralización de todo tipo de construcción dentro del polígono del humedal urbano Estuario Los Molles, en la comuna de La Ligua (V Región). Esto, en medio del proceso de protección de dicho acuífero bajo la Ley 21.202.
De esta manera y tras la audiencia efectuada el 22 de febrero de 2022, la instancia judicial resolvió este martes mantener la medida cautelar decretada, y decidió no proceder con la solicitud realizada por la constructora, a través de la cual exigió realizar una inspección personal del Tribunal para resolver la oposición a esta medida. «Lo anterior, por estimarse innecesario», indicaron desde el Tribunal.
Cabe destacar que a principios de febrero el organismo ordenó la paralización de la totalidad de las actividades, esto en medio de dos reclamaciones interpuestas por grupos ambientalistas y vecinos de la zona en contra de la declaración de un humedal urbano en la zona efectuada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Esto, ya que la superficie protegida correspondiente a 9,2 hectáreas no es correcta, sino que debiese abarcar un área mayor de 16,4 hectáreas, según argumenta el Movimiento Ciudadano Cabildo Abierto de Los Molles, uno de los involucrados.
Pese a esto, desde la constructora se defienden y explican que «los terrenos excluidos de la declaratoria no responden a un capricho del MMA, sino a la constatación fáctica de que dichos terrenos no cumplen con los requisitos para ser considerados parte del humedal». Lo anterior, debido a que estos paños urbanizados contienen rellenos de antigua data (1977) y calles públicas,» razón que estima suficiente para dejar sin efecto la decisión del Tribunal», argumentaron.
Mientras que por su parte, el representante legal de la Inmobiliaria Lilén S.A, precisó que de acuerdo a uno de los estudios técnicos efectuados en la zona, el lugar «no cuenta con presencia de vegetación hidrófita, ni menos tiene la capacidad para generar suelos hídricos».
Según lo expuesto por el abogado de RD Constructora en la audiencia del 22 del mes pasado, las medidas decretadas por el Tribunal afectan a más de 500 propietarios que viven en los condominios, quienes no han sido notificados de la medida.
Y es en este contexto que el Tribunal exigió a la empresa que tome las precauciones necesarias frente a los eventuales perjuicios que dichas disposiciones pudieran generar.
Según la constructora, el perjuicio a caucionar está estimado en $662.116.568.
Fuente: Diario Financiero
