La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección presentado por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso por no ordenar la demolición del Hotel Punta Piqueros.
La acción judicial apuntaba a que el inmueble fue construido sin contar con el permiso de edificación respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En el fallo, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Claudia Parra, Roxana Valenzuela y Rodrigo Cortés- descartó la acción por estimar que la Seremi no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al rechazar, mediante la Resolución Ordinaria Nº1062 de fecha 4 de mayo de 2021, la solicitud de demolición.
La Sala estimó que la entidad «ha ejercido una facultad dentro del ámbito de su competencia, mediante resolución fundada y que sus argumentos son razonables sin que se advierta la afectación que se denunció respecto de los derechos y garantías de los Nº2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República», informó el Poder Judicial de la región.
Por ello, «en concordancia con lo que se ha venido diciendo, atendida la multiplicidad de actuaciones administrativas y judiciales incoadas con ocasión del Proyecto Punta Piqueros, varias de las cuales se encuentran actualmente pendientes de resolución, no resulta posible concordar el ejercicio de la presente acción constitucional con la pretensión final invocada por la recurrente en ella».
La resolución sostiene que «(…) no existe controversia en que, actualmente, el Proyecto Hotel Punta Piqueros no cuenta con permiso de edificación, desde que la Excma. Corte Suprema, previendo que era indispensable someterlo -el proyecto- a evaluación ambiental, anuló el otorgado en su oportunidad por la Municipalidad de Concón, ordenando que la titular del proyecto se sometiera a las regulaciones de la Ley 19.300″.
Añade que «en tal orden de ideas, se demostró que se realizaron los trámites correspondientes, ante el SEA, ingresando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y tras su tramitación respectiva -en cuyo curso se ejercieron los recursos administrativos y juridiccionales propios del procedimiento en materia ambiental- concluyó con el otorgamiento de la RCA, con las condiciones incluidas en su momento por el Comité de Ministros, que supedita la misma -entre otras- a la tramitación del permiso de edificación».
Fuente: Emol.com
