Uno de los empresarios más prominentes del sur de Chile es Claudio Fischer. Junto a su hermano, Humberto, controlan los casinos y hoteles Sun Dreams -el viernes pasado anunciaron la compra del 65% que les restaba para tener la totalidad del holding, por lo que desembolsarán US$ 160 millones-, además de manejar la licitación de la Zona Franca de Punta Arenas, la firma de vuelos privados Aerocord y proyectos inmobiliarios, entre ellos, la Empresa de Estacionamientos Subterráneos (SBT). Hace más de un año, con la concreción de la venta de la salmonera AquaChile, los hermanos Fischer se embolsaron casi un tercio de lo pagado por Agrosuper, es decir, unos US$ 280 millones.
Pero hay una espina que incomoda a Claudio Fischer. Se trata de su negocio de estacionamientos subterráneos en Puerto Montt. Distintos sectores de la ciudad, liderados por el concejal Juan Carlos Cuitiño (Partido Ecologista Verde) lo acusan de estar “de ilegal” en dicha zona, dado que en esos terrenos del Fisco no se podría tener una actividad comercial privada.
En 2002 el entonces alcalde de esa ciudad, Rabindranath Quinteros -actual senador PS- presentó el proyecto “Parque del Borde Costero de Puerto Montt”, plan que contemplaba la construcción de distintas obras, entre ellas estacionamientos. Ese mismo año, la entonces Subsecretaría de Marina y el Ministerio de Defensa otorgaron a la Municipalidad de Puerto Montt una concesión marítima gratuita -con fecha de vencimiento o de revisión para renovación en junio de 2012- sobre un terreno de playa inscrito a nombre del Fisco, en el sector donde actualmente se emplazan los estacionamientos.
En 2004 el municipio de Puerto Montt realizó una licitación internacional de concesión para la construcción, mantención y explotación de un estacionamiento subterráneo en el centro de Puerto Montt. Fischer ganó la puja y se adjudicó la concesión que se estableció por un plazo de 35 años, donde hoy hay espacio para 720 vehículos.
Cuitiño consigna que ya en 2009, en el tercer período como alcalde de Quinteros, aquel proyecto integral presentado en 2002 aún no era una realidad. Solamente se había amarrado el proyecto de estacionamientos, un área de paseo nueva y la mejora fiscal del muelle. En 2012 la concesión marítima otorgada al municipio expiró por no haberse renovado. Desde ese momento, la Marina vio como ocupante ilegal a la empresa de Fischer, por lo que le dieron un plazo de 90 días para cumplir con el desalojo efectivo de las instalaciones y los incitaron a realizar los trámites de solicitud de concesión. El desalojo se puso en pausa ante la presentación de un recurso de protección por parte de la firma.
En 2013 la Corte Suprema en su sentencia relativa a la apelación que había hecho Fischer para no ser desalojado, resalta que la empresa de estacionamientos está haciendo una “ocupación ilegal de un terreno de playa fiscal”.
Desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas explican a PULSO que desde que la Corte Suprema declaró que la concesión de estacionamientos es una ocupación ilegal, el municipio ingresó en 2014 una solicitud de concesión marítima “con la intención de regularizar la ocupación ilegal del sector”. Sin embargo, acotan que la solicitud municipal “no contemplaba el subsuelo destinado a los estacionamientos”.
Así, en mayo pasado el municipio finalmente le manifestó a la subsecretaría su voluntad de seguir adelante con su solicitud. Dado esto, en la subsecretaría dicen que “en el marco de dicho procedimiento corresponde exigir el pago a favor del Fisco de los montos por la ocupación no autorizada”.
En línea con lo anterior, fuentes conocedoras de este caso, afirman que la autoridad marítima le cobraría a Fischer una renta anual de acuerdo con lo que explícitamente indica el SII en estos casos, que sería, como mínimo, el 16% del avalúo fiscal del terreno, que es de unos $1.700 millones según el SII, es decir, unos $272 millones al año.
En los últimos meses surgió una nueva arista que haría aún más cuesta arriba la situación de los estacionamientos SBT: reclamos de pueblos originarios. “Se informó a esta Subsecretaría el ingreso de la solicitud de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios llamado Rilon Kawin, situación que legalmente obliga a suspender la tramitación de todas las solicitudes de concesiones marítimas que se encuentren en el sector requerido, motivo por el cual corresponde suspender la tramitación de la solicitud de otorgamiento del municipio”, detalla la Subsecretaría de FF.AA.
El hombre de negocios sureño explicó en marzo a PULSO que se siente como el jamón del sándwich. “En el caso de la concesión de los estacionamientos de Puerto Montt quedamos en medio de una discusión administrativa entre la Ilustre Municipalidad y la Armada de Chile. Confío que ambas partes llegarán a entendimiento”, dice.
Sin embargo, no deja de sentirse engañado. “Cuando nos adjudicamos la licitación internacional lanzada por la municipalidad, lo hicimos bajo el entendido que se trataba de un terreno rotulado como ‘bien nacional de uso público’. De haber sabido que tal condición no era efectiva, evidentemente que nuestra decisión hubiera sido diferente. Sin embargo, ahora lo que importa es mirar para adelante a la espera que las autoridades den con una solución que permita, por un lado, respetar el contrato firmado (escriturado, aprobado por la Contraloría y el municipio) y, por el otro, dar certeza jurídica y administrativa a futuras inversiones que se pretendan hacer en Puerto Montt”.
Pese a la baja rentabilidad que dice tener en este negocio -ingresos que rozan el millón de dólares anual, una baja ocupación y un margen estrecho-, Fischer no piensa en tirar la toalla y pagarle algún monto a la Armada para regularizar su situación. “No corresponde pago alguno, fuimos nosotros quienes construimos los estacionamientos a un costo de $9.000 millones, y tenemos un contrato de concesión vigente con el municipio producto de una licitación pública”, subraya.
Fuente: La Tercera
