El proyecto que permitiría acceder al 10% de los fondos de pensiones gestionados por las AFP continúa avanzando. Este jueves, la comisión de constitución de la Cámara de Diputados aprobó la indicación que exime de impuestos y comisiones al retiro de fondos previsionales. Y mientras el proceso ha llevado por momentos al colapso de los sitios de las administradoras, otros se enfocan en los efectos de «segunda vuelta» que generaría la iniciativa en caso de que se concrete. A continuación, cinco de ellos:
1. ¿AYUDA A LAS AFP?
A varios les suena contraintituitivo, pero hay quienes creen que lo anunciado podría terminar favoreciendo a las propias AFP. Un importante estratega de una multinacional financiera, por ejemplo, dice que esto “refuerza la idea de que el dinero es de los trabajadores, haciendo más difícil que se expropien los fondos para financiar un sistema de reparto. Pero, además, para las AFP significa liberar encaje que pueden devolverle a los accionistas; no pierden plata porque ya cobraron la comisión y reducen costos variables que dependen de los activos bajo administración (AUM) como la custodia”.
De los $481.924 millones que ganaron las AFP durante 2019, el 46% se explicó por la denominada «rentabilidad del encaje», es decir, el retorno que entregó ese 1% de los fondos gestionados por las administradoras y que por ley deben invertir en los mismos multifondos, sin poder retirarlos. A partir de esta medida, parte de esos recursos serían liberados, pues disminuirían los activos bajo administración.
“A la liberación de encaje se suma el hecho de que pueden eliminar un montón de cuentas inactivas (que ya no cotizan y por lo tanto no les generan ingresos) en la medida que esas personas retiren todo su saldo”, dice el estratega, quien solicita no revelar su nombre. “Al mismo tiempo, con esas personas fuera, que terminan pensionándose con montos muy pequeños, las pensiones promedio que paguen mejorarán sustancialmente, aunque se concentrarán en un número menor de personas de mayores ingresos y trabajos formales”, señala.
“Las AFP no van a perder mientras reciban un pago por cotizante, que es fijo”, dice Erwin Hansen, director del magíster en finanzas (weekend) de la U. de Chile.
“Lo del encaje es cierto”, dice Luis Flores, director de empresas y ex integrante de Tanner. “Pero esta iniciativa lo que hace es validar que hay disponibilidad para terminar con las AFP, y a lo mejor ir hacia un sistema mixto pero administrado libremente. Es una pésima señal para las administradoras”, afirma.
2. UNA REVISIÓN DEL SISTEMA
Más acuerdo hay en que este podría ser el primer paso para un cambio de sistema. “Con esto, en especial el apoyo de algunos diputados de derecha al 10%, el tema de tener un sistema obligatorio para todos tipo AFP ya está sobre el tapete y pasa a ser de los temas en discusión”, dice Gabriel Palma, académico de la U. de Cambridge. Critica que si la derecha “tuviese más imaginación, ellos habrían tomado este proyecto como propio para así legitimar a las AFPs. Pero no; no lo hicieron con las propuestas mínimas de la Comisión Bravo, ni con este proyecto. Para ellos, la única solución para cualquier problema es más subsidio público (como el Pilar Solidario)”. A su juicio, “no hay marcha atrás. Como dicen en inglés, ya no tiene sentido cerrar la puerta del establo, porque el caballo ya se arrancó”.
“Más allá de cómo operan financieramente las AFP, veo este tema por el lado político”, dice Hansen, de la U. de Chile. Con todo, cree que “si se termina el sistema de AFP y luego inventan un sistema mixto que contemple el manejo de un portafolio, van a aparecer los mismos operadores con otros nombres”.
“Creo que es una muy buena señal para los demás administradores de fondos de terceros”, dice por su parte Flores. “Una cosa son las AFPs como empresas que administran ahorros previsionales y cobran por eso y otra son los fondos administrados. Estas empresas están en tela de juicio y con un futuro incierto tras el tamaño que llegaron a tener hasta hoy”, dice.
Cree que “los fondos administrados podrían ser entregados a otras instituciones: bancos, AGF, entidades estatales, compañías de seguros etc. Si ya van a legislar el 10%, ¿que impide que a futuro legislen por terminar con la administración exclusiva? Quizás el modelo de ahorro individual continúe, pero van a ir por la libertad de la institución”.
3. INYECCIÓN AL CONSUMO
Aunque la medida ha sido enmarcada en la urgencia de miles de familias que han visto mermados o perdidos sus ingresos, varios creen que esto funcionaría como una inyección fiscal. “Mi opinión es que es una medida razonable en general dada la crisis y la caída de los ingresos, y podría ser una forma relativamente fácil de aplicar un muy efectivo estímulo”, dice Quinn Markwith, economista de la firma británica Capital Economics. “Y hasta ahora, la caída en el mercado de bonos ha sido bastante leve”.
“Las acciones comerciales aquí podrían subir», dice Hugo Rubio, presidente de BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa. «Puede haber un poquito de venta de acciones chilenas por esto”, afirma, pero cree que esto puede favorecer a ciertos títulos, “porque ese dinero va a ser para consumo, para cubrir necesidades de corto plazo».
«Esto puede ser bueno para el retail: lógicamente el dinero se iría a consumo, por lo que podría ser algo similar a lo que pasó en EE.UU. con los US$ 600 semanales entregados», dice Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica. «Lo difícil es estimar cuál sería el número preciso de dinero que van a sacar; creo que debiese andar en cerca de US$ 6.000 millones, dado el tope de UF150 y que no todo el mundo va a sacar la plata».
4. UN RIESGOSO FORADO
Otro de los efectos que se advierte es la generación de un “forado” en los fondos de pensiones que pueda complicar a los jubilados del futuro. “Ayudaría a proporcionar un alivio temporal en efectivo para las personas y también al consumo en general», dice Richard Francis, director soberano de Fitch Ratings. No obstante, «a largo plazo, obviamente impactaría negativamente los beneficios de pensión reales, que ya es un problema social y político clave en Chile», señala.
“Esto podría empeorar los problemas de financiamiento de los fondos de pensiones que ya están luchando con rendimientos muy bajos en los bonos”, dice Quinn Markwith, de Capital Economics. “De esta manera, el estímulo al aprovechar los fondos de pensiones podría ser más perjudicial para la economía a largo plazo que los pagos financiados con deuda a la clase media y baja”, advierte.
“Esto todavía no es ley. Y puede cambiar bastante durante el proceso legislativo. Pero si dependiera de mí, yo creo que se podrían ajustar al menos dos o tres cosas», dice Rodrigo Wagner, académico de la U. Adolfo Ibáñez y Ph.D de la U. de Harvard. «Una es generar cierta obligación de que el dinero vuelva al fondo, por ejemplo, en las líneas que han sugerido Salvador Valdés o Joseph Ramos. Eso les compite a los créditos de consumo”.
Markwith, de Capital Economics, advierte que “si esto indirectamente suscita insatisfacción con los pagos de pensiones, podría provocar más disturbios sociales. Los problemas con el sistema de pensiones parecen haber sido una parte clave de los llamados a una nueva constitución”, asegura.
5.EL TIPO DE GASTO
Al cierre de mayo, el 10% de los fondos de pensiones representaba un monto de US$ 19.690 millones. Aunque no se espera un retiro por el total de esa cifra, éste de todos modos sería significativo. Algunos ven un riesgo en aquello: “es necesario evitar que gente sea engañada por personas que los inviten a sacar su plata para invertirlo en temas cuestionables.
Necesitamos más educación financiera”, dice Rodrigo Wagner, de la UAI. “Una posibilidad es obligar a los que retiran a que hagan un plan y se sometan a una cierta educación. Todo lo anterior, incluso podría fortalecer el sistema”, señala.
«Un tema que no se ha mencionado es la posibilidad que se abre para las ‘fintas tributarias'», dice Fernando López, académico de la U. Alberto Hurtado. Cree que una persona que no necesite los fondos podría retirar su 10% y luego reinvertirlo vía APV o Depósitos Convenidos.
«Las personas de renta alta podrían acceder a bonificaciones de hasta 66,7% de lo invertido de acuerdo al régimen tributario vigente», plantea.
Fuente: El Mercurio
