A penas de 3 años de presidio fueron condenados los inspectores fiscales de la Dirección de Vialidad del MOP Raúl Pinto Fuentes y Carla Sierra Beltrán, y el empresario Ignacio Molina Burgos, por irregularidades en contratos de conservación de caminos en comunidades indígenas de La Araucanía.
El Tribunal de Garantía de Temuco otorgó en una audiencia de procedimiento abreviado, luego que los funcionarios públicos y el particular acusados admitieran responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, por los delitos de fraude al fisco y estafa.
Dichas irregularidades fueron descubiertas y comprobadas mediante una investigación liderada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía. Al respecto, el fiscal Cristian Crisosto, explicó con ello se logró determinar que los inspectores fiscales entregaron información falsa a la Dirección de Vialidad, lo que llevó al fisco a pagar por obras que nunca se ejecutaron, en el marco de contratos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en las comunas de Curarrehue y Lumaco, que habían sido adjudicados durante los años 2015 y 2016 a la Empresa Constructora Inmobiliaria IM Limitada.
“Estando en conocimiento que las obras allí ordenadas a ejecutar no se habían ejecutado, informaron falsamente a la autoridad como si esas obras se hubiesen efectuado realmente. Y con esa información la Dirección Regional de Vialidad pagó esas obras, no existiendo en la realidad”, puntualizó el persecutor, quien precisó que “esos delitos los ejecutaron en concierto de voluntades con el empresario de esas obras, don Ignacio Molina”.
En el caso de Curarrehue el Estado pagó por la realización de un puente que no se construyó la suma de $33 millones, mientras que en Lumaco, canceló cerca de $333 millones por caminos que tampoco se hicieron.
Además de las penas de presidio los inspectores fiscales fueron condenados a penas de multa proporcionales al perjuicio causado al fisco. Raúl Pinto deberá cancelar una multa cercana a los 3 millones 500 mil pesos, mientras que la multa impuesta a Carla Sierra es cerca a los 33 millones de pesos. En el caso del empresario, aparte de la pena privativa de libertad fue condenado al pago de una multa de 10 UTM ($492.290)
Fuente: soychile.cl
