Hablar de vivienda social en Chile es pensar en un sistema de subsidio estatal que entrega una casa a las familias más pobres, pero lejos de la ciudad.
Para solucionar este problema se han presentado desde los municipios de Las Condes y Recoleta dos propuestas. La administración de Joaquín Lavín construirá un edificio de 15 pisos que contará con 85 departamentos de 60m2 y Daniel Jadue, creó la Inmobiliaria Popular.
Pero la Universidad Católica acaba de lanzar una nueva idea que propone la construcción de viviendas sociales en los mejores barrios dentro de la ciudad. Basada en una investigación realizada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y el Centro de Políticas Públicas de esta universidad, la propuesta plantea construir 120 mil viviendas sociales dentro de la Región Metropolitana en un plazo de nueve años y que sea financiada mediante mecanismos de recuperación de las plusvalías generadas por la inversión estatal o modificaciones al plano regulador.
El informe propone recaudar US$12.500 millones, en el mismo plazo que se construyan las viviendas, cambiando al sistema de contribuciones para que los impuestos se cobren en base a precio de mercado. Esto, ante el diagnóstico del SII de que el avalúo fiscal representa solo el 54% del valor comercial.
En esa línea, desde la UC plantean equiparar los avalúos fiscales con el precio de mercado para cobrar una mayor contribución, tener reavalúos permanentes y eximir de tributos según los ingresos de cada propietario.
Bajo este esquema, todas las propiedades dentro de un rango de 1.000 metros alrededor de nuevas estaciones de Metro, y todas las áreas que aumenten su densidad desde sus planes reguladores, deberían pagar 20% por sobre el valor incrementado al momento de la venta.
El estudio también estimó que del total recaudado, US$ 7.900 millones serán destinados a la compra de los terrenos que darían una solución habitacional al 40% más pobre de la región.
La propuesta se basa en publicaciones que abordan el aumento de la plusvalía en zonas dónde ha llegado una importante inversión pública, como lo fue en su momento la extensión de la Línea 1 hacia la estación Los Dominicos. Además, el modelo propuesto ya se ha aplicado en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia y Brasil.
Sobre el rechazo que podría generar en los vecinos la llegada de las viviendas sociales, el académico de la UC y parte de la propuesta, Javier Ruiz Tagle, comentó que “la gente no debe imaginarse la peor población de Bajos de Mena, con pésimo estándar, sino que tienen que imaginarse la realidad los últimos proyectos que se han construido, donde ha habido excelentes proyectos”.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, opina: “Uno de los objetivos del proyecto de ley de Integración Social y Urbana, que la próxima semana debería iniciar su votación en la Cámara de Diputados, es precisamente aprovechar de mejor forma las grandes inversiones que realiza el Estado en materia urbana, incentivando la construcción de viviendas en los ejes de transporte más importantes, o donde hay presencia de líneas de Metro”.
Fuente: Pulso
Absolutamente en desacuerdo, esto significara estar pagando un arriendo caro al Fisco por ser propietarios, y ya es difícil de pagar. Es inadmisible una inclusión social con un tan alto perjuicio social. Lo que entendemos se ha hecho al menos en Brasil, Estado de Sao Paulo, es otra cosa, que no afecta pagos de por vida a ciudadanos: se ha modificado constitucionalmente el código civil en materia de lo que se entiende por “esencia” del derecho de propiedad de un bien raíz urbano. El Fisco, el Estado, licita o “vende” -en la bolsa de comercio, al mejor postor inmobiliario-, el derecho de construir en edificación en altura sobre los dos o tres pisos, en consecuencia, las ganancias no quedan en manos de inmobiliarias o propietarios por las modificaciones a los Instrumentos de planificación territorial. Con esto se recaudaría mucho más que subiendo los impuestos de contribuciones a la clase media, permitiría, además de edificar viviendas subsidiadas, hacerse cargo de las inversiones en calles y veredas, espacios y equipamientos públicos ( tampoco sería necesaria la Ley de Aportes al Espacio Público, Ley 20.958). Con esta medida que leemos hoy se sigue beneficiando, no se toca, a los grandes inversionistas o grandes capitales de inversión en el mercado del suelo,el que se siga subiendo el valor del suelo y de las viviendas, , como lo hace también la Ley de inclusión social que el Ministro nos anuncia que se votará la próxima semana por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y bienes Nacionales de la Cámara de Diputados en su primera instancia legislativa, cerrando él la participación de invitados por esta Comisión para escuchar sus visiones u opiniones. Un lobby indebido. Los representantes de quienes proponen esta solución – Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y el Centro de Políticas Públicas- han sido invitados también por la Comisión para ser oídos sobre este proyecto ley, y todos probablemente, por lo visto y aquí anunciado, partidarios de un modelo de mercado de suelo que beneficia grandes utilidades del sector financiero e inmobiliario. . Mi voto a este proyecto ley de inclusión, que he estudiado, por lo que plantea, por estar en sintonía con la Ley 20.958 y 21.078 que a nuestro juicio terminan con la planificación urbana y territorial que es regida por horizontes de mediano y largo plazo, acordes con desarrollos descentralizados y regionales, e impone la «planificación por condiciones», del mercado del suelo, que incentiva el negocio del suelo, con esto el centralismo, es a rechazarlo. .