En diciembre de 2018, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó un catastro de los campamentos actualizando el último estudio realizado en 2011. Según se informó el número de asentamientos a lo largo del país, pese a los intentos por disminuirlos, aumentaron en un 25%, pasando de 637 a 822.
En total, según señaló en entrevista con Emol el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, son 46.423 los hogares que residen en estas condiciones, y antes de que se conocieran estos 165 campamentos extra, precisó que ya se estaba trabajando con 333 asentamientos irregulares para fijar qué tipo de ayuda necesitan y así iniciar una gestión de cierre, proceso que ya comenzó con 73 de ellos.
Los 489 campamentos restantes, explicó el secretario de Estado, son parte de la segunda etapa del catastro -el cual se irá actualizando cada dos años-, que culminará en junio en el que se realizará un perfil de quienes habitan ahí.
El Minvu espera que de aquí al 2022, año en que finaliza el período del actual Gobierno, se concrete el cierre de más 260 campamentos, es decir cerca del 32% de los 822 que actualmente hay en Chile. Pero la gran meta, precisó Monckeberg, es que no se repita lo sucedido desde el 2011 a la fecha, o sea, que no se generen nuevos asentamientos.
«Tenemos que hacer mucho en prevención, y ahí tenemos que tener mucha más relación con el Ministerio del Interior y las gobernaciones, que son las que tienen la facultad para impedir esto. Nosotros (Minvu) actuamos cuando el campamento se armó y la gente necesita viviendas, de ahí para adelante. Que se arme un campamento es responsabilidad del Ministerio del Interior», aclaró, agregando que igualmente su cartera armará «un sistema de monitoreo» para detectar nuevas instalaciones de asentamientos y colaborar en la prevención.
Dicho eso, Monckeberg detalló que, una vez comenzado el proceso para erradicar un campamento, se consideran tres fórmulas para su cierre, las cuales van a depender del tamaño del asentamiento, las condiciones del lugar y la voluntad de las familias que residen allí.
La primera puede ser urbanizar el sector, lo que se determinará de acuerdo a si el campamento es amplio, cuenta con viviendas de calidad relativamente buena y si no se encuentra emplazado en una zona de riesgo. Si es así, y las familias quieren hacerlo, «pueden quedarse ahí y nosotros entramos a urbanizar, trabajando con la gente viviendo ahí», mientras, entre otras cosas, se construye alcantarillado, se pavimenta el lugar y se entregan los servicios básicos de agua y luz, indicó el secretario de Estado. Actualmente 19 asentamientos se encuentran en ese proceso.
«Tenemos que hacer mucho en prevención, y ahí tenemos que tener mucha más relación con el Ministerio del Interior y las gobernaciones, que son las que tienen la facultad para impedir esto. Nosotros (Minvu) actuamos cuando el campamento se armó y la gente necesita viviendas, de ahí para adelante. Que se arme un campamento es responsabilidad del Ministerio del Interior» Ministro Monckeberg
Una segunda alternativa, la cual se está concretando en 46 campamentos, consiste es la relocalización: «Se destina a la gente a viviendas que están construidas o nuevas dependiendo del tamaño del campamento. Si es uno muy grande, tu trabajas con las familias y postulan a un proyecto el cual construye un conjunto habitacional y se van de aquí para allá», dijo Monckeberg, y mientras se concretan las obras, continuó, «a veces (a las familias) se les da un subsidio de arriendo, dependiendo del caso, porque a veces se quedan ahí mismo hasta que terminen las viviendas. Cuando se trasladan, nosotros intervenimos y hacemos desaparecer el campamento».
La tercera opción es que «se les construyen viviendas ahí mismo, ese es el mejor de todos a mi juicio«, admitió Monckeberg, lo que se está realizando en ocho campamentos que se encuentran hoy en proceso de cierre. Aquí las familias obtienen un subsidio habitacional que les permite la construcción de una nueva casa en el mismo lugar donde se emplaza el asentamiento. «Esto te permite mantener a las familias en su lugar de origen, donde se criaron, donde tienen redes, donde está la pega cerca», apuntó.
La duración del proceso de cierre dependerá de la fórmula utilizada. Por ejemplo si se usa la tercera opción, la entrega de las casas definitivas tardará cerca de 18 meses, pero a eso, dijo el ministro, hay que sumarle los meses que demora la desocupación del terreno mientras se construye.
La segunda opción, añadió, es similar: una vez que se saca a la gente del campamento, la entrega de las viviendas en otro sector demorará entre 9 a 18 meses.
$101 mil millones ha destinado el Gobierno para cierre de campamentos
«En el caso de las urbanizaciones, esas son más largas. Nosotros entramos con una urbanización que se va a demorar dos años, por lo menos. La gente tiene que convivir con las obras, hay que hacer veredas, hacer pavimento, poner iluminación, meterle alcantarillado y después de eso, que se demora como dos años, las familias se empiezan a organizar para postular a un subsidio y mejorar las viviendas. Entonces nosotros le damos recursos para aquello, y eso significa dos años más«, explicó el titular de Vivienda.
En cuanto a cómo se define qué campamentos intervenir primero, Monckeberg aclaró que la priorización va por los asentamientos que se encuentran en zona de riesgo, también influye la antigüedad, «o sea un campamento que lleva dos años no es lo que mismo que una que lleva 60». Por último es determinante «el esfuerzo y empeño del municipio y la iniciativa de las familias«.
El Gobierno ha destinado $101 mil 104 millones para erradicar los campamentos del país, y con este fin ha entregado un total de 951 subsidios que corresponden a más de $24 mil millones.
Fuente: Emol.com
