El Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuenta con un sistema de fiscalización para detectar faltas o fallas en distintas infraestructuras concesionadas del país, con el objetivo de verificar que estas operaciones funcionen de manera correcta y, a su vez, cumplan con los contratos. Durante el año pasado, el MOP estableció 90 resoluciones sancionatorias contra las empresas. Estas implicaron 747 multas -una resolución puede contener más de un motivo de incumplimiento- de diferentes montos acordes a las faltas contractuales en cada sanción, que totalizaron unos $2.169 millones.
En 2017 se establecieron 135 sanciones, que implicaron 2.510 multas, por un total de $14.226 millones. Esto significa que el número de sanciones contra las concesionarias bajó un 33%, mientras que el monto total de éstas cayó 85%. Durante todo período 2014-2017 se cursaron multas referidas a 12.499 infracciones, agrupadas en 630 resoluciones. En ese periodo, las resoluciones cursadas totalizaron un monto de 1.685.101 UTM, más de $79 mil millones, aunque un 55% de dicha cifra fue sancionado en el 2014, y se vinculó fundamentalmente a proyectos viales interurbanos.
PULSO analizó la información disponible en el Portal de Transparencia relativa a qué tipo de proyectos, qué empresas y los montos de las sanciones establecidas por la cartera durante todo el año pasado. La infraestructura vial interurbana, como carreteras, lideró por lejos, con 307 multas en 2018. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), más de la mitad (52%) de las multas cursadas fue por contratos de este tipo de infraestructura, categoría que alcanzó $1.134 millones. Si se compara con 2017, la cifra es fuertemente menor a los más de $12 mil millones que se cursaron ese año.
En segundo lugar, con un total de 303 multas, se posicionaron los proyectos penitenciarios, que representaron un 19% de las sanciones del 2018. Las multas cursadas sumaron alrededor de $414 millones. En tanto, un 17% corresponden a proyectos hospitalarios, con multas por $368 millones.
Los proyectos viales urbanos, como las autopistas, solo representaron el 1,2%. Durante el año pasado las multas cursadas relacionadas a este tipo de iniciativas alcanzaron $24 millones.
Las causas más comunes son incumplimiento de plazos de trabajos, de instrucciones exigidas por el inspector fiscal, de regulaciones durante el desarrollo de una obra, de niveles de servicio exigidos por el contrato, de entrega oportuna de información según el contrato, entre otras materias.
En el caso de los hospitales, las causas que más se repiten son atraso en la entrega de la información requerida por el inspector fiscal, o en el plazo máximo para la obtención de la puesta en servicio provisoria de la obra. Del total de sanciones cursadas por el MOP a este tipo de infraestructura, 12 resoluciones fueron dirigidas a la concesionaria del Hospital de Antofagasta, Salud Siglo XXI S.A.
A la concesionaria a cargo del nuevo Hospital Félix Bulnes, hoy controlada por el fondo Meridiam tras la crisis financiera por la que atraviesa la constructora Astaldi, se le cursaron dos sanciones en 2018, una por 50 UTM y otra por 60 UTM.
Entre las resoluciones sancionatorias a infraestructura vial interurbana aparecen sociedades como Concesionaria Autopista del Aconcagua, empresa a cargo del Santiago-Los Vilos, Ruta 5, con cuatro resoluciones sancionatorias. Le sigue Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, que opera la autopista Santiago-San Antonio, con tres sanciones. La concesionaria Rutas del Desierto, por el contrato denominado Alternativa de Acceso a Iquique, también aparece con tres resoluciones.
En el caso de las multas cursadas a concesionarias de infraestructura penitenciaria, de un total de 34 resoluciones, 12 fueron sanciones a a la sociedad concesionaria del Centro de Justicia de Santiago.
Fuente: Pulso
