Líder de la AGC-PR urge a gobierno y municipios a hacer cumplir los códigos vigentes, mientras
pide a FEMA que no encarezca la vivienda legal.
El presidente de la AGC-PR advirtió que imponer la versión más reciente del código de construcción tendría un efecto contraproducente en cuanto a la proliferación de viviendas informales. (GFR Media)
Stephen Spears, presidente del capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales (AGC-PR), urgió ayer a las autoridades estatales y municipales a ser proactivos en supervisar las obras que se construyen tras el huracán María, para evitar que se repita la proliferación de viviendas informales y en ubicaciones peligrosas.
“Seguir ignorando es inaceptable e imperdonable”, afirmó Spears a la luz de las más de 70,000 hogares destruidos por el huracán y los cerca de 300,000 que sufrieron daños.
Spears puso en contexto que, según información de FEMA, 95% de los daños a viviendas fueron en estructuras levantadas sin permisos o en zonas de peligro. En contraste, las casas y edificios hechos en cumplimiento con códigos, “incluso de hace 50 años”, aguantaron bien el embate de vientos sostenidos de unas 150 millas por hora, aseguró el veterano contratista.
“El antídoto a la construcción informal no es la aplicación de códigos más estrictos, sino exigir el cumplimiento con los códigos existentes, los cuales son burlados por muchos, incluyendo el gobierno y especialmente los municipios”, recalcó Spears.
Inquietud por cambios al código vigente Sin embargo, advirtió que la AGC-PR ha recibido comentarios de parte de personal de FEMA sobre su intención de, precisamente, requerir que las viviendas que se construyan con fondos federales para obra permanente se adhieran a la versión de 2018 del International Building Code (IBC).
Los efectos de tal decisión, si llegara a concretarse, serían contrarios a su intención de que más damnificados tengan acceso a vivienda segura, advirtió Spears. Esto responde a que atemperar la construcción al IBC 2018 “inevitablemente” encarecería los proyectos, por lo que los fondos asignados darían para menos unidades y, a su vez, empujaría a más personas de regreso a la construcción informal, expuso.
“Tienen que saber que estarían limitando la habilidad de Juan del Pueblo de comprar una vivienda. Después de María, la gente no está más rica. Estaríamos haciendo la construcción más cara para alguien que no va a poder costearlo”, manifestó.
Spears recalcó que de ninguna manera mantenerse con las reglas actuales supondría poner en riesgo la inversión federal, o la vida y propiedad de quienes eventualmente ocupen las nuevas viviendas. “El código que tenemos funcionó”, dijo.
Reconoció que siempre hay espacio para hacer ajustes a partir de las lecciones de María, pero opinó que requerir la adopción inmediata del IBC 2018 “es excesivo”.
Informó que, a petición de FEMA, las asociaciones de ingenieros, arquitectos, constructores y la AGC-PR conformaron un comité conjunto que está revisando punto por punto el código para sugerir actualizaciones. Esta evaluación estará lista para agosto, para cumplir con el plazo solicitado por la agencia federal.
“Creemosque sí puede haber un ajuste en los códigos, pero no estamos convencidos que lo que FEMA sugiere sea mejor o necesario. Si nos pidieron la colaboración, vamos a colaborar. Si quieren dialogo, vamos a dialogar, pero de verdad”, expresó.
El líder de los contratistas aclaró que la organización no está inquieta por cómo afectaría a sus socios la adopción del IBC 2018, “porque cualquier código establecido nosotros vamos a cumplirlo, porque somos contratistas profesionales que hacemos las cosas como se tienen que hacer”.
No obstante, sí expresó preocupación por el efecto que tendría en la cadena de suministros y los fabricantes locales de ventanas, puertas, techos y materiales de construcción, si se adoptara un cambio drástico de un día para otro. En la actualidad, muchos de los productos de manufactura local están diseñados y probados para aguantar vientos de cerca de 150 millas por hora. Dependiendo del uso de la estructura, el IBC 2018 requiere diseñar para vientos de distintas velocidades, pero incluye casos en los que exige resistencia a 190 millas por hora.
“Puede perjudicar mucho a esos negocios, porque quedarían fuera de los proyectos si no pueden ajustar sus líneas de manufactura y sacar producto a tiempo y en cumplimiento con las nuevas reglas”, alertó.
Fuente: El Nuevo Día
