La Resolución de Calificación Ambiental sería clave para la continuidad de la compañía en el proyecto. La firma tampoco descartaría desistirse de la iniciativa si ésta llegara a judicializarse una vez obtenida el permiso. En octubre vence la cláusula de salida del contrato.
2018 podría ser un año clave para el proyecto Terminal 2, a cargo de OHL Concesiones -firma que recientemente acordó su venta al fondo australiano IFM- que consiste en la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores en Valparaíso. La iniciativa está en trámite ambiental desde septiembre de 2014, sin embargo, aún está a la espera de los permisos para comenzar las obras. Las dificultades que ha tenido la implementación del terminal es lo que ha llevado a la firma a evaluar retirarse del proyecto.
Fuentes señalan que si bien la compañía es optimista respecto a que la administración de Sebastián Piñera respaldará la iniciativa y apuestan a que las nuevas autoridades acelerarán la tramitación ambiental de los proyectos emblemáticos, existe incertidumbre respecto a la postura que pueda tomar el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Según comentan las mismas fuentes, las dudas se acrecentaron cuando recientemente los opositores a la construcción de un centro comercial en Barón ganaron la batalla en tribunales contra Mallplaza, firma que desarrollaba dicha iniciativa.
Desde la industria no descartan que de obtener la resolución ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el alcalde de Valparaíso podría recurrir a la justicia con el objetivo de frenar el proyecto. De ser así, fuentes comentan que la compañía desistiría de la concesión del Terminal 2 de esa ciudad. La misma decisión se tomaría de no obtener la RCA.
Por ahora, lo que sí está claro es que según señaló Jorge Sharp en una entrevista con PULSO, el municipio no apoya el proyecto tal cual está pensado. No obstante, la alcaldía estaría abierta al diálogo y a albergar un nuevo terminal portuario.
Otra variable que la compañía evaluaría es la viabilidad del proyecto. Esto, luego que el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet optara por construir el Puerto de Gran Escala (PGE) en San Antonio. Pero dado este hito, que le permitirá a San Antonio consolidar su posición como líder en el movimiento de carga en el país, desde la industria comentan que concretar la construcción del Terminal 2 en Valparaíso toma mayor urgencia.
En octubre de este año vence la opción de utilizar la cláusula de salida -o way out- que le permite a la española OHL retirarse del proyecto. A fines de diciembre de 2016, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) acordaron una modificación del contrato de concesión y extendieron en 22 meses el plazo para ejercer la opción de término anticipado de la concesión por parte de TCVAL. Esto consideraba pagos por US$3,35 millones a favor de EPV, aportes adicionales al Fondo de Responsabilidad Social Empresarial y consagraba la facultad a la empresa portuaria para solicitar a TCVAL la cesión de estudios técnicos.
En octubre del año pasado OHL cerró un acuerdo con el fondo australiano IFM Investor para venderle el 100% de su filial de concesiones de infraestructuras, OHL Concesiones. Las compañías esperan el cierre de la operación durante el primer trimestre de 2018, una vez se obtengan todos las autorizaciones pertinentes. De ser así, la decisión sobre el futuro del proyecto estaría en sus manos.
Trámite ambiental
La empresa calculó originalmente un lapso de dos años para concretar el proceso de trámite ambiental. A mediados de enero, la compañía solicitó al Servicio de Evaluación ampliar el plazo -que vencía el 22 de enero- para responder las observaciones formuladas por los servicios públicos en el tercer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara). Este plazo les permitiría tener mayor claridad sobre la postura del nuevo gobierno y del alcalde Jorge Sharp.
La petición fue acogida por el organismo, el cual otorgó como nuevo plazo el 31 de mayo de este año. Frente a este nuevo escenario, fuentes cercanas al proyecto estiman que durante la segunda mitad del año la iniciativa, cuya inversión supera los US$500 millones, contará con la resolución de calificación ambiental.
