El alcalde tuvo que congelar el proceso para invalidar su construcción, que empezó en 2014. Deslizamientos de tierra, cortes de suministro, demandas civiles y sumarios administrativos son parte de los problemas en los que el proyecto se ha visto envuelto.
Era marzo de 2014. En la calle Portales del Cerro Barón, en Valparaíso, había un cartel que invitaba a ser parte de un proyecto con «la mejor vista de Valparaíso» y a buscar los detalles en «lamejorvistadevalpo.cl».
La página, que hoy ya no está en funcionamiento, entregaba la información ahora contenida en la web de Mirador Barón, el proyecto inmobiliario de Mathias Klotz que inició su construcción en esa zona en octubre de 2014.
En la página del arquitecto, el proyecto está descrito como un conjunto de seis edificios construidos en lo que era el Hospital Ferroviario de Valparaíso.
«El proyecto reconstruye el antiguo Hospital, transformándolo en departamentos, y edifica, en los terrenos hacia el mar, cuatro edificios traslapados, bajo la cota del antiguo hospital, creando un paseo público en su cubierta, que es la extensión del paseo mirador del Ascensor Baron», se puede leer.
A un costado del hospital y a nivel de la calle, se instalará el último edificio, que serviría de acceso y contaría con un «programa de restaurante que sirve de articulador y que separa la circulación pública de la de los residentes».
A la fecha, y tras tres años de polémicas y enfrentamientos, el proyecto lleva un 70% de la obra gruesa construida.
La demolición del ex Hospital Ferroviario
El primer episodio vino siete meses después de ese marzo. La mañana del sábado 4 de octubre, la comunidad de vecinos del cerro despertó para encontrarse con una serie de máquinas que empezaban a trabajar en la demolición del edificio que albergó al Hospital Ferroviario.
Construido en 1926, el recinto ayudó a mejorar la calidad de la atención médica de los funcionarios de Ferrocarriles de forma gratuita, y fue durante muchos años uno de los mejores hospitales de Chile en materia de traumatología.
Los vecinos, movilizados como «Cerro Barón Organizado» empezaron entonces a denunciar «prácticas condenables», como la no contemplación de «medidas de seguridad correspondientes» durante la demolición, que afectaron la estructura de la casa de Juan Silva, uno de los miembros de la comunidad cuya casa colindaba con la obra.
«La inmobiliaria ha solicitado al tribunal la demolición del inmueble, lo cual, obviamente, nos parece muy extraño, porque la empresa señala que está en un estado de ruina, pero se les olvida que ese supuesto estado se debe a los movimientos de tierra y a las obras que ellos mismos han realizado en el sector», detalló entonces el abogado John Parada a El Mercurio de Valparaíso.
Silva, en ese momento de 84 años, indicó que «ellos me llamaban todos los días para que vendiera mi terreno, como no pasó nada, comenzaron con las obras, las cuales provocaron grietas en mi casa y un gran desnivel, eso actualmente me tiene con un tratamiento médico».
Marlene Orrego, vocera de la comunidad Ex Hospital Ferroviario, explica en la página de la organización que finalmente, en diciembre de 2016, el hombre falleció de causas naturales, antes de que se le informara que «debía construir un muro de contención».
El deslizamiento de tierra
La tarde del viernes 29 de enero vino el segundo problema. Con un gran estruendo que quedó registrado en video, el terreno sobre el cual se construía el proyecto cedió, deslizando una gran cantidad de tierra sobre la obra y botando por completo cinco postes de alambrado público.
En la oportunidad, Chilquinta Energía confirmó que se trató de cuatro postes de baja tensión y uno de mediana, que afectaron a 701 hogares y a un centro de salud.
El incidente obligo al entonces alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, a paralizar las obras de construcción.
A pesar de que los vecinos aseguran que tanto informes del Serviu como del Minvu señalaban como «no aconsejable» la reapertura de la calle, esta se llevó a cabo en junio de 2016.
Requerimiento en Contraloría
Seis meses después, la comunidad entregó una solicitud de impugnación del permiso de edificación en Contraloría y en la alcaldía, ahora con el frenteamplista Jorge Sharp como nuevo edil.
El documento fue acompañado de un informe técnico del arquitecto Cristian Leiva, miembro de la Coordinadora de Defensa de Laguna Verde, Valparaíso y Placilla.
El 5 de abril de este año, cuatro meses después, la Contraloría respondió, asegurando que detectó irregularidades en el otorgamiento de los permisos de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
“Es dable concluir que tanto los certificados de informaciones previas, como el informe del revisor independiente y el proyecto aprobado, no se ajustan a la normativa urbanística aplicable en la especie”, afirmó el organismo.
La Contraloría pidió a la alcaldía disponer medidas para evitar lo descrito, ordenando que “el municipio deberá iniciar el correspondiente sumario administrativo» al director de Obras Municipales, Matías Valdés, además de solicitar que se invaliden los permisos de construcción.
El municipio inició el sumario el 13 de abril.
La ofensiva de Sharp
El 18 de mayo, la DOM emitió un oficio que señalaba que «habiendo transcurrido más de dos años, desde la fecha en que se dictó dicho permiso de edificación, no es posible comenzar el procedimiento» de invalidación, lo cual está contenido en la ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado.
De acuerdo a ella, la autoridad administrativa puede invalidar los «actos contrarios a derecho» siempre que se haga dentro de los dos años siguientes desde la notificación o publicación de dicho acto.
Poco después, a comienzos de agosto, el alcalde se reunió con los vecinos de Cerro Barón, declarando que lo que allí pasaba era «una situación de emergencia».
«Venimos trabajando con los vecinos y vecinas la situación del sector Mirador Barón hace ya meses, pero los problemas se siguen produciendo y el problema de fondo es que tiene un permiso ilegal», afirmó el edil a El Desconcierto en ese entonces.
«Nosotros vamos a agotar todos los medios que estén a nuestro alcance, tanto administrativos como judiciales, para poder cumplir con el mandato de la Contraloría de la República”, añadió, asegurando que fue la administración anterior la que «le otorgó a este empresario inmobiliario un permiso ilegal».
El controvertido reclamo de ilegalidad
El 14 de agosto, una vecina del sector llamada Rosa Saa, de 85 años, interpuso un reclamo de ilegalidad contra el proyecto. De acuerdo a lo informado por El Mercurio este domingo, la mujer formalizó una denuncia ante la PDI el pasado miércoles, consignando que el reclamo original no fue interpuesto por ella.
«Esto que dice aquí jamás lo he visto. Soy profesora, no soy tonta, y vivo en el hospital, no tengo tiempo para nada más», afirmó a ADN la mujer, quien padece cáncer y se somete regularmente a un tratamiento de quimioterapia.
La demanda de los trabajadores
El 15 de septiembre, fueron los trabajadores del proyecto quienes ingresaron una demanda de juicio ordinario de mera certeza ante el 1er Juzgado Civil de Valparaíso, en contra del municipio.
En ella, denunciaron que el alcalde “se ha pronunciado más allá de sus facultades y de su competencia” al dictar un decreto en el que se ordena dar el inicio de un procedimiento invalidatorio del permiso de edificación.
Señalaron, además, que “las diversas declaraciones públicas vertidas por él, amenazan la confianza legítima, buena fe y/o certeza jurídica de los trabajadores”.
Seis días después, en efecto, el Diario Oficial publicó que el alcalde pidió iniciar el proceso de invalidación.
La respuesta de la inmobiliaria
Una semana después de ese anuncio, la inmobiliaria Mirador Barón presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra del municipio, con el fin de frenar el proceso invalidatorio.
El documento, al que tuvo acceso el diario Pulso, acusa que el alcalde dejó sin efecto el oficio del 18 de mayo que indicaba que no se podía invalidar por haberse iniciado el proyecto hace más de dos años.
Para la empresa, la decisión del alcalde «constituye un acto ilegal y arbitrario», por lo que solicita a la justicia decretar orden de no innovar respecto del procedimiento invalidatorio.
El congelamiento del proceso de invalidación
Tras la polémica iniciada por el reclamo de ilegalidad de Rosa Saa, la alcaldía se vio obligada a dictar un decreto el 22 de noviembre, que «suspende los efectos de todo acto administrativo relativo a impugnaciones del permiso de edificación» mientras se aclare lo sucedido con la mujer.
En paralelo, el fiscal Claudio Uribe, quien afirmó que Saa «niega absolutamente» haber hecho el reclamo, investiga si las acciones del alcalde configuran el delito de prevaricación administrativa.
La invalidación del polémico proyecto, por ahora, está en veremos.
Fuente: Emol
