Hace dos semanas, Zañartu Ingenieros ganó la licitación para ser el responsable de la revisión fiscal del proyecto de reposición de un puente en la Región de Magallanes.
Hace seis meses que terminó el período de castigo que pesaba contra Zañartu Ingenieros por no haber detectado los errores en la construcción del puente Cau Cau en la Región de Los Lagos. Por un año, la empresa estuvo inhabilitada del Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por lo que no podía participar en las licitaciones públicas. Desde que se levantó la sanción, la empresa ha estado activa. Entre otros, se adjudicó la inspección fiscal de la construcción del túnel El Melón, en la Región de Valparaíso, por $4.122 millones.
El hecho encendió el debate, pero en paralelo la compañía ha continuado quedándose con contratos con el Gobierno. El último: la asesoría a la inspección fiscal del proyecto denominado Reposición Puente Río Grande y sus accesos a la Ruta Y-85, ubicados en la Región de Magallanes. El contrato -sellado el 23 de octubre- fue por UF 30.778, unos $819 millones, mientras que el plazo para realizar la asesoría fue de 24 meses. El reciente contratose suma a otros nueve que Zañartu se ha adjudicado desde que se levantó la sanción en su contra, el 26 de mayo de este año.
En los últimos seis meses, la empresa ha postulado a 37 licitaciones. Los nueve contratos ganados, en tanto, suman $7.721 millones. Entre ellos, figuran cuatro contratos para asesoría de inspección fiscal por un total de $2.466 millones y otros por obras aeroportuarias por un total de $1.133 millones.
Zañartu es hace años uno de los mayores consultores del MOP y estuvo a cargo de la asesoría a la inspección fiscal del puente Cau Cau. Tras ser sancionada por no haber detectado los errores en el proyecto, la empresa se querelló contra el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga por el presunto delito de prevaricación administrativa.
Sin embargo, en septiembre de este año Zañartu desistió de la acción ante tribunales, con lo que la disputa judicial llegó a término. “(Las partes) han llegado a la conclusión que, más allá de las legítimas diferencias en cuanto a los procedimientos y decisiones que se adoptaron y formaron parte del sustrato fáctico que motivó la interposición de la querella, el conflicto que manifiesta la querella ha perdido toda vigencia”, se detalló en el documento ingresado al 7° Juzgado de Garantía. Previo a que Zañartu pusiera fin al conflicto, la compañía se había adjudicado la asesoría de la inspección fiscal del nuevo Aeródromo Peldehue, en Colina, por $768 millones y la inspección por la conservación del aeropuerto Diego Aracena, en Iquique, por $222 millones.
Fuente: Pulso
