Este martes 3 de octubre, tras meses de negociaciones, se verá por fin movimiento en el abandonado edificio consistorial de Coquimbo ubicado en Avenida Varela, luego que la empresa Sacyr a cargo de las obras llegara a un acuerdo con el municipio porteño. El acuerdo se dará a conocer hoy en conferencia de prensa que liderará el alcalde Marcelo Pereira junto a representantes de la empresa y autoridades regionales y comunales.
Cabe recordar que este nuevo edificio debía estar terminado en noviembre de 2017, sin embargo diversos problemas surgidos desde 2015 y que llevaron a una serie de modificaciones técnicas, además del no pago por parte de la administración anterior a la empresa terminaron en la paralización de las obras desde el 13 de febrero, alcanzando un poco más del 53% de avance.
Por otra parte, el presupuesto inicial del edificio alcanzaba los $8.011 millones de pesos, que luego debido a diversas modificaciones subió a $17.863.883.895; de los cuales 13 mil serían aporte del FNDR del Gobierno Regional y 5 mil millones por parte del municipio de Coquimbo. Luego, en febrero del año 2016 se realizó una segunda modificación al contrato por un monto de $3.020.404.993 más el aumento de plazo en 608 días.
De este dinero cerca de mil millones corrían por cuenta municipal para el pago de aumento de obras ya realizadas y el resto que alcanzaba a $2.036 millones incluían modificaciones que no tenían financiamiento.
En este último se aprobó el pago por parte del municipio del 50 % desde su presupuesto y luego de una negativa del GORE, en enero de 2017 el Consejo regional aprobó el pago de $1.139 millones de los cuales $119 millones se contemplaban para asesorías y $1.020 para obras civiles que junto al aporte del municipio debía cancelar la ampliación de obras que ya alcanzaban los 2.141 millones de pesos. Pago que no fue realizado porque la empresa, según el municipio, la empresa se negaba a suscribir el contrato y solicitaba indemnizaciones que superaban los siete mil millones de pesos.
Hoy, el acuerdo que logró el municipio, guiado por el propio Marcelo Pereira consiste en dividir la obra en dos partes. La primera de ellas es la obra gruesa de la cual se hará cargo Sacyr. Para ello, sólo se cancelará $2.049 millones de pesos, que ya fueron aprobados por el Concejo Regional en enero de 2017como suplemento y que buscaban cancelar la deuda del año 2016 y otras modificaciones. Además se descarta el pago de indemnización solicitado por Sacyr que alcanzaba un monto superior a siete mil millones de pesos; de esta manera a la empresa sólo se le cancelara el itemizado por obra gruesa y no otros montos.
La segunda etapa consiste en las terminaciones, la cual será negociada nuevamente con Sacyr y de no llegar a acuerdo será licitada a otra empresa. Además, por aprobación del concejo municipal se cancelarán $350 millones a Sacyr por compra de equipamiento que permitirá terminar completamente el edificio.
OPINIÓN CRÍTICA
Aun cuando está conforme con el acuerdo que se llegó con Sacyr para continuar la obra, el concejal Guido Hernández es crítico respecto a diversos puntos del proceso de licitación y construcción. Señala que como concejo municipal se solicitó el informe de Contraloría, ya que varios concejales han planteado la necesidad de conocer el por qué se produjo la paralización de las obras y buscar responsables para que estos hechos no se repitan.
Agrega que el informe de Contraloría es una respuesta, ya que da a conocer las diversas desviaciones que ocurrieron tanto en el procedimiento de elaboración de las bases para licitación de la obra como las negociaciones que siguieron después en el proceso de construcción.
“Es una crítica a la administración anterior y a esta, porque recordemos que son del mismo color político y la variación de funcionarios no es mucha. Aquí se tiene que dar respuesta a qué se hizo mal y establecer responsabilidades y que va a pasar con las estructuras de funcionarios y departamentos involucrados”, explica Hernández.
Respecto a la negociación que logró el alcalde Marcelo Pereira Con Sacyr y que permitirá que desde este martes comiencen nuevamente los trabajos, el Concejal Guido Hernández, explica que se presentó en un concejo extraordinario realizado el 25 de septiembre y critica el poco tiempo que les dio el alcalde para poder manifestar su opinión ante este acuerdo.
Aun así considera positivo reanudar las obras y el que se dividiera el proceso de construcción en dos etapas: Obra gruesa y terminaciones. Además destaca que se descartará el pago de los $7 mil millones que solicitaba la empresa por modificaciones técnicas e indemnización por paralización de los trabajos.
“La verdad que Coquimbo no puede seguir esperando, pero esto no quita que en mi rol de fiscalizador se exija responsabilidades, porque no puede quedar en error involuntario. Acá hay funcionarios responsables y una administración municipal que no supo llevar adelante el proceso de construcción de una obra grande. Estos responsables deben dar cuenta, frente a la ciudadanía y debemos trabajar para que esto no vuelva a ocurrir”.
De esta manera, se espera que prontamente el edificio consistorial esté terminado, ya que significa un beneficio para la comunidad debido a que contará con todos los departamentos municipales en un solo lugar y también para las arcas de la comuna, debido a que sólo en arriendo, el municipio de Coquimbo gasta más de 60 millones de pesos.
CUESTIONAMIENTOS AL PROCESO
Justo cuando se da a conocer el acuerdo al que llegó el edil de Coquimbo, Marcelo Pereira y la empresa Sacyr, sale a la luz el informe de Investigación de la Contraloría N° 668/2017 y que fue entregado al municipio el 15 de septiembre.
La investigación que nació de la misma unidad fiscalizadora luego de la paralización de las obras, cuestiona que en la licitación de noviembre de 2012 no se incluyan las actualizaciones en especificaciones técnicas de arquitectura lo que ha “generado indefiniciones que inciden en las valorizaciones de las partidas afectas, traduciéndose en una de las causales de la actual paralización de las faenas”. Sin embargo, como estas fallas se dieron en el año 2012, las responsabilidades estarían prescritas.
Por otra parte, se señala que en la licitación la construcción no estaba acorde a la normativa sísmica vigente y por último, se cuestiona que el municipio porteño no dio cumplimiento al contrato de aumento de obras y plazo de febrero de 2016, debido a que no se pagó un monto por modificaciones, por parte del municipio a la empresa, que asciende a los $1.941 millones, a pesar que contaban con recursos proporcionados por el Gobierno Regional, ni se resolvió en 90 días la situación del contrato, por lo cual la Contraloría dará inicio “a un proceso disciplinario a objeto de determinar las presuntas responsabilidades administrativas que pudiesen derivarse en relación con esta materia”, dijo Guido Hernández, concejal de Coquimbo
“Coquimbo necesita con urgencia que se termine esta obra. No es un tema de cumplimiento de un mes o de un año, el problema es que cada mes que pasa estamos gastando cerca de 60 millones en arriendo y podríamos gastarlo en otras acciones sociales de la comuna”, Guido Hernández, concejal.
Fuente: El Día
