Juzgado determinó que la firma requiere permiso municipal para construir un acceso al centro de distribución en la comuna. El retailer puede apelar.
El ambicioso proyecto de Walmart Chile, Centro de Distribución El Peñón, en la comuna de San Bernardo, sigue encontrando problemas para su desarrollo. Esta vez, el 2° Juzgado de Policía Local de dicha comuna dictaminó, el 21 de julio pasado, que la compañía de capitales estadounidenses necesita permisos de urbanización de la Dirección de Obras de la Municipalidad (Dom) para iniciar las obras de un camino de acceso provisorio, obra que Walmart comenzó en enero de este año.
Esta arista de la batalla que mantiene el municipio con Walmart se inició luego que, en marzo, la Dom presentara un recurso ante dicho juzgado, en el que señalaba que la compañía requería de los permisos municipales para iniciar esas obras. Walmart rebatió argumentando que, según su interpretación de la ley, sólo bastan los permisos del inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad, excluyendo a la Dom.
Tras seis meses de tramitación, el juzgado emitió la sentencia en las que le da la razón a la Dom y ratifica la necesidad de los permisos de urbanización.
“En razón de lo expuesto en los considerados precedentes, es posible determinar que el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y especialmente de la propia conducta de la denunciada, esta debía contar con un permiso de edificación obtenido en forma previa, al inicio de las obras para el acceso al proyecto en cuestión, lo que no acreditó poseer, por lo que será condenada”, se señala en el fallo.
Por tanto, el juzgado condenó a Walmart a pagar 100 UTM, equivalente a $ 4,6 millones dentro del quinto día que la sentencia se encuentre ejecutoriada.
Consultada respecto al resultado del procedimiento legal, desde la compañía señalaron que seguirán utilizando las herramientas que el ordenamiento legal vigente les faculta.
“Estamos convencidos de que nuestro centro de distribución El Peñón es un buen proyecto, porque destina más de US$ 15 millones a mitigaciones viales, sociales y medioambientales, lo que es cerca del 8% del total de la inversión”, indicaron. “Estamos confiados de que las autoridades coinciden con nosotros en que el país necesita inversiones, y que el emplazamiento apropiado para un proyecto de este tipo es al lado de una autopista, tal como está previsto y como dispone claramente el plano regulador respectivo”, agregaron.
En tanto, desde la Municipalidad de San Bernardo, interpretaron el fallo como “una victoria para los vecinos”. Señalaron que “es esperanzador que cuando el gobierno no defiende a la gente, al menos depositemos la confianza en que la justicia sí lo haga ante los interés comerciales de un proyecto de tal magnitud”, añadiendo que “la ley es clara y nosotros la haremos cumplir para defender a quienes confían en nosotros”.
Asuntos sin resolver
Además del recurso presentado ante el 2° Juzgado de Policía Local, al que Walmart tiene la opción de apelar para revocar la sentencia, existe otro proceso judicial paralelo en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Según fuentes cercanas al proceso, este aludiría a determinar quién es la autoridad que alzará la orden de paralización de las obras de acceso provisorio, interrumpidas en un principio por la Dirección de Obras de la Municipalidad de San Bernardo. El debate se centra entre el mismo Juzgado de Policía Local u otra autoridad. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, este está en etapas preliminares y podría demorar meses en resolverse.
Fuente: La Tercera
