Constructora Presidente Riesco está siendo asesorada por cuatro equipos de abogados de distintos ámbitos.
La disputa en torno al terreno en donde se emplazaba la emblemática Villa San Luis está lejos de terminar. La polémica declaración de Monumento Histórico del predio de 3.375 m2 -parte de un paño mayor de 11 mil m2-, que contaba con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras (DOM) de la Municipalidad de Las Condes y un permiso de demolición, desató molestia en Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco, gestores del proyecto que se pretendía levantar ahí.
Según la sociedad, se pasaron a llevar los derechos de propiedad de un terreno vendido por el propio Estado. Por ello, la firma ligada a los empresarios Marcelo Cox y Felipe Gilaber, afina los últimos detalles en la estrategia legal que seguirán en los próximos días. Fuentes conocedoras del proceso comentan que, si bien son varias las opciones que se analizan, por lo pronto se optaría por ingresar durante la próxima semana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, para defender el proyecto. Aquello, pues consideran que se trata de un proceso viciado e injusto.
Para estas acciones, están siendo asesorados por Juan Diego del Río, quien lidera el caso, y otros cuatro equipos de abogados de distinta expertise. Fuentes al tanto, sostienen que aún se está en proceso de redacción y afinando los últimos detalles del recurso que se presentará.
El martes se hizo público que la Contraloría General de la República tomó razón de la declaratoria del predio denominado Lote 18A-1 de 3.375 m2. Unas horas después, la Constructora Presidente Riesco señaló en un comunicado que lamentaba profundamente que el órgano contralor no haya velado por la correcta aplicación de la normativa que rige estos procesos en un Estado de Derecho, y que haya permitido que el fisco quite y expropie los derechos en una propiedad vendida por el mismo Estado.
En la misma misiva, el gerente general de la sociedad, Felipe Gilabert, también enfatizaba que “haremos uso de todas acciones legales que nos permitan preservar los derechos de quienes de buena fe adquirimos al Estado un inmueble que no tenía gravamen alguno, y que cuenta con un anteproyecto aprobado y permiso de demolición, de fechas previas a la firma del Decreto por parte de la Ministra de Educación”.
Gilabert recalcó que la opinión de la constructora no ha sido considerada conforme a las reglas y procedimientos del Consejo de Monumentos Nacionales. “Como ha quedado claro en la amplia discusión generada, hay motivos ideológicos para sostener e impulsar la declaración de monumento nacional de una propiedad que, objetivamente, no cumple con los parámetros que hasta ahora se han utilizado para decretar monumento nacional un inmueble”, dijo el ejecutivo y socio la inmobiliaria.
La sociedad compró el predio ubicado en la zona de Presidente Riesco, Pasaje Urano y Cerro El Plomo, al Ejército a fines de 2011, por un valor al día de hoy de unos $7 mil millones (US$10 millones). A precio de mercado, este paño está avalado actualmente en torno a los US$23 millones.
Fuente: Pulso
