El gremio aseguró en un inserto publicado en La Tercera que la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de declarar como patrimonial el ex complejo habitacional ubicado en Las Condes, «daña el derecho de propiedad».
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) denunció una “grave acción del Estado contra proyectos de inversión”, luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidiera declarar, el pasado 28 de junio, como monumento histórico el ex complejo habitacional Villa San Luis, que se encuentra ubicado en Las Condes.
En este sentido, el gremio señaló en un inserto publicado en La Tercera y que se encuentra firmado por su presidente, Sergio Torretti, que es de la “mayor gravedad” la determinación, ya que los “legítimos propietarios ya cuentan con anteproyectos o permisos de edificación otorgados por las autoridades competentes para desarrollar proyectos con pleno apego a la normativa vigente”.
“Este proceder del CMN daña el derecho de propiedad y las condiciones básicas para desarrollar proyectos de inversión”, indican.
En la misma línea añaden que los “anteproyectos y permisos de edificación son la base de la actividad inmobiliaria pues, tal como lo ratifican distintos fallos de los tribunales de justicia, otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas”.
Por otra parte, el organismo aseguró que esto impide que se logre un mayor crecimiento económico, lo cual se ve dificultado si es que “un órgano del Estado -cualquiera sea- pone trabas injustificadas a las inversiones y su actuación se aleja de su deber de velar por el estricto cumplimiento del marco jurídico que nos rige”.
“Hacemos un llamado a erradicar estas prácticas y a que acordemos visiones de largo plazo sobre el desarrollo de las ciudades y la mejor forma de resguardar el patrimonio, dado que los mecanismos que hoy existen para ellos son ineficientes y producen efectos contrarios al objetivo que persiguen, sentenciando a un progresivo deterioro a los bienes que buscan proteger”, manifiestan.
Además, si bien reconocen la importancia de resguardar el patrimonio arquitectónico, sostienen que eso no puede buscarse de manera “arbitraria, vulnerando derechos fundamentales de sus propietarios ni la legalidad vigente”.
Fuente: La Tercera
