Valor es el que pidió el grupo Cruzat, aunque la quiebra había fijado el mínimo en 700 mil UF. El mercado especula que es demasiado alto.
Finalmente, se procederá al remate de los activos de Curauma, aunque seis meses después de la última fecha establecida. Hace unos días, el Segundo Juzgado Civil de Santiago fijó para el 10 de septiembre, a las 15 horas, la subasta pública del terreno de 535 hectáreas que constituyen el bien más valioso de la sociedad en quiebra.
Este será el tercer intento de rematar los terrenos, aunque es el más concreto, hasta ahora. El primero de ellos buscaba enajenar el paño antes de Navidad de 2014, en un proceso que llevaba una consultora inmobiliaria, pero finalmente no se logró llegar a acuerdo con éstas. Luego, cuando el tribunal aprobó la subasta pública, se pensó en su venta en marzo; sin embargo, ante los reclamos del fallido (el grupo Cruzat) por el precio, se debieron cambiar las bases.
Cuestión de precio
En diciembre pasado, el tribunal aprobó las bases en las que se estipuló el precio mínimo para hacerse de las 535 hectáreas en 700 mil UF (unos US$ 26,4 millones de hoy). El valor no le pareció apropiado a los Cruzat, por lo que pidieron una nueva tasación.
A mediados de junio, el perito judicial, Enrique Figueroa, emitió su informe sobre cuánto podría costar el terreno. En el reporte, el experto estima que el precio mínimo debería ser 1.116.262 UF (US$ 42,07 millones).
El monto no dista mucho de la valorización que hizo el año pasado Colliers International, cuando la sindicatura estuvo cotizando empresas para que se hicieran cargo de la licitación. En esa época, la consultora estimó el valor de los terrenos en poco más de 1 millón de UF (unos US$ 37,7millones) y como precio de liquidación 700 mil UF.
La junta había pedido otra tasación a la consultora Transsa, la que estableció como precio mínimo 400 mil UF (US$ 15 millones).
Sin embargo, en dicha ocasión las tratativas con los agentes inmobiliarios Colliers y MRV Activos no fructificaron, luego de que éstos declinaron participar en la fórmula de venta del inmueble por no ofrecerles garantías suficiente para obtener el pago de sus comisiones.
Sólo Tattersall manifestó interés, pero para efectuar la venta como agente exclusivo. Sin embargo, la junta desestimó entregar la transacción bajo esta modalidad.
Más allá de todas las tasaciones, cercanos al proceso dudan que puedan obtener el 1,1 millón de UF que se pide ahora -cediendo a la solicitud de los Cruzat-, pues las ofertas que llegaron previamente están lejos de dicho monto.
Por lo mismo, en caso de que la subasta ante el tribunal no resulte ser exitosa, por falta de ofertas, se cree que habrá que bajar el precio por segunda vez, hasta las 700 mil UF que había fijado la junta en una primera instancia.
Los otros terrenos
Este no es el único terreno que tiene Curauma, aunque sí el más importante. La sociedad es dueña de 3.311 m2 que están sumergidos en la laguna y por los que la inmobiliaria Desco, en asociación con el ex presidente de Curauma, Juan Pischeda, ofrecieron pagar 8.000 UF (US$ 300 mil). Sin embargo, estos predios aún no pueden ser enajenados porque necesitan ser regularizados ante el Conservador de Bienes Raíces.
Luego, hay otros cinco o seis inmuebles que son propiedad de la filial Parques y Jardines La Luz, la que también está en proceso de liquidación voluntaria.
Finalmente, hace algunos días la junta de acreedores tomó conocimiento de la existencia de dos inmuebles de Curauma ubicados en La Puntilla, Villarrica. Respecto de éstos, se envió un exhorto para poder tomar dominio de ellos, el que está a la espera de ser respondido.
En todo caso, cercanos señalan que la enajenación de todos estos terrenos será más rápida y es posible que pueda producirse su venta dentro de lo que queda del año, igualmente por subasta pública.
LA DENUNCIA ANTE LA SVS
A fines de enero la junta de acreedores de Curauma dio un mandato al síndico de la quiebra: denunciar a Manuel Cruzat Infante y otros ejecutivos de la compañía ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
A poco más de un mes de esa solicitud, la sindicatura presentó la denuncia ante la SVS. En una carta enviada al regulador acusó cuatro anomalías: ausencia de información contable, falta de registro de accionistas, prácticas de actos contrarios al interés social por parte de directores de Curauma y, finalmente, inconsistencia de la información proveída por la compañía a la SVS y al mercado.
De todas, la tercera de las anomalías es la más complicada. En ésta, Millán acusó ante la SVS que le «ha tocado enfrentar la práctica de actos contrarios al interés social por parte de los directores de Curauma». Entre ellos se menciona a Antonio Espinoza, presidente de Curauma S.A., y Eduardo Romo, ex gerente general de CB Corredores de Bolsa.
A casi cuatro meses de haber presentado la denuncia, cercanos cuentan que sólo han recibido una carta del regulador en la que se excusa por no haber respondiendo a tiempo, pero agrega que está analizando los antecedentes y que entregará pronto una respuesta a la presentación que hicieron.
Fuente: Diario Financiero
