Mientras la CChC propone que el Fondo no tenga facultad de endeudamiento, el CPI advierte que este proyecto no logrará el objetivo buscado de estimular las inversiones en el sector.
El Fondo de Infraestructura ha sido una de las iniciativas del Gobierno más valoradas en el último tiempo, aunque aún pesan dudas respecto de su contenido y del futuro del proyecto de ley en su paso por el Congreso.
Entre las principales inquietudes está la participación que tendrá el Fondo de Infraestructura en los proyectos que se financien. A ello se sumas las voces que piden que cuente con un directorio independiente del Gobierno de turno, y que no se genere una duplicidad con el rol que cumple la Dirección de Concesiones.
El proyecto de ley, que está iniciando su tramitación en el Congreso, crea una empresa pública para que cree el Fondo de Infraestructura. En términos generales, el Fondo tendrá un monto inicial de US$ 9 mil millones, recursos que se generarán trayendo al presente el valor de los peajes de las concesiones viales que vayan finalizando su período de concesión.
La administración, la ejercerá un directorio independiente que estará compuesto por cinco miembros, los que durarán cuatro años en sus cargos y que podrán ser designados por nuevos períodos. El directorio se renovará por parcialidades. Dos de ellos serán propuestos a la Presidenta de la República por el Ministerio de Obras Públicas, mientras que los tres restantes serán elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Un fondo de garantía, no de inversión
Es uno de los planteamientos centrales de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El vicepresidente del gremio, Rodrigo Galilea planteó durante su presentación en la Comisión de Obras Públicas del Senado que el Fondo de Infraestructura debe operar sólo entregando garantías, sin invertir en obras de infraestructura. Consistentemente con lo anterior, la CChC considera que “el Fondo no debe tener facultades de endeudamiento, ni ejecutar directa o indirectamente obra alguna”.
La eventual participación del Fondo en la sociedad concesionaria es otro foco de preocupación para el gremio. Galilea planteó frente a la Comisión que lo prudente sería que ésta no supere el 5%, con derecho a un director, como es el caso del Reino Unido.
En cuanto al directorio que ejercerá la administración del Fondo, la Cámara Chilena de la Construcción plantea aumentar a siete el número de directores, para dar mayor continuidad al Fondo y sus políticas, a través de los directores independientes. De esta manera, propone que cinco de los siete integrantes sean elegidos por el sistema de ADP.
La administración del Fondo, la reinversión de utilidades y los seguros son puntos que también deben ser perfeccionados dentro de la ley, según el gremio.
A su juicio, se debe delimitar claramente las funciones del Fondo de Infraestructura y la futura Dirección General de Concesiones, de modo de evitar conflictos de interés. También cree oportuno establecer en la ley “una política de reinversión de utilidades, que vaya en directa relación al monto de la cartera de proyectos que se debe garantizar” y “la obligatoriedad de utilización de seguros para todas las obras que se garanticen, de manera de resguardar el patrimonio de la empresa”.
CPI: riesgo de consumir los recursos
La visión del Consejo para la Infraestructura (CPI), que fue uno de los primeros en plantear la creación de una estructura específica para estimular las inversiones en este sector, fue lapidario.
Consideraron que tal como está elaborado el proyecto no se logra el objetivo buscado. Es más, en términos netamente prácticos recalcaron que la idea de crear una nueva empresa del Estado es más difícil de tramitar por los altos quórum exigidos.
“El Fondo creado por el proyecto de ley tiene muchos objetivos: construir, diseñar, concesionar, mantener, contratar y garantizar financiamiento para la infraestructura que necesita el país”, indicó Álvaro González, consejero del CPI quien junto al gerente general, Carlos Cruz, asistió a la Comisión.
En su ponencia explicaron las características que debería tener un Fondo de Infraestructura para apalancar las garantías, una especie de Fogape más grande, sustentado en la evidencia de lo que han realizado otras naciones. Este modelo contrasta absolutamente con la idea del Gobierno de crear una nueva empresa estatal “donde se mezclan los riesgos, es como una constructora, versus la idea de un banco de fomento que es lo que se necesita”, acotó González quien criticó la ausencia de un estudio técnico que sustente la idea del Ejecutivo.
Entre las desventajas que observaron en este diseño está el hecho de que no queda claro quién será dueño de los activos si Vialidad en caso de las vías o esta nueva empresa generando una duplicidad de competencias entre actores fiscales; el hecho de que podría rentabilizar sus utilidades desviándolas a otras áreas y no necesariamente a financiar más obras; entregará subsidios a proyectos no rentables económicamente lo que podría dejar sin recursos a la empresa para obras más grandes.
“El proyecto tiene un propósito equivalente a lo que tiene hoy la Dirección de Concesiones con lo que se genera una duplicidad técnica. Tiene el riesgo de que se consuman los recursos al invertir en otros proyectos que no van a generar una recuperación de activos, lo cual no tendrá el efecto multiplicador de inversiones que se espera”, indicó González.
Fondo de Infraestructura debe depender del SEP
La semana pasada también fue el turno de Clemente Pérez, ex subsecretario de OOPP y ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), de exponer frente a la Comisión de Obras Públicas del Senado.
En la ocasión, Pérez planteó establecer en el proyecto de ley una rentabilidad objetivo para el Fondo y un nivel de inversión determinado al año, lo que hoy no está explicitado en el proyecto de ley.
Otro tema central para Pérez es que la empresa pública que se cree para establecer el Fondo de Infraestructura dependa del Sistema de Empresas (SEP) y se eviten duplicidades con el Ministerio de Obras Públicas.
En su opinión, es indispensable que se respeten los principios de la OCDE para las empresas públicas, en cuanto a contar con un gobierno corporativo independiente del Ejecutivo, que sea supervigilada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y un directorio responsable.
Fuente: Pulso
