Compromiso firmado entre gobierno y parlamentarios incluía 31 medidas. A la fecha, sólo siete de ellas se han cumplido al 100%.
A casi dos meses de que se tramite y apruebe el presupuesto de 2016, el gobierno registra un bajo cumplimiento de las 31 medidas del Protocolo de Acuerdo que acompañó el erario de este año, suscrito entre el Ejecutivo y parlamentarios en noviembre de 2014.
A la fecha sólo siete medidas se han concretado al 100% en los plazos estipulados previamente, aunque varias otras están en pleno proceso de implementación. Parte importante de ellas apuntan a destrabar ciertas inversiones sectoriales de los ministerios. Pero también buscan cumplir con el programa de gobierno y apuntalar la economía.
“Si llegamos con menos del 50% aprobado a fin de año, quiere decir que no son válidas las firmas del protocolo, No tiene ningún valor seguir firmando estos documento si no se cumplen”, dice Enrique Jaramillo, diputado del PPD y miembro de la Comisión Mixta de Presupuestos.
El cumplimiento de este acuerdo estará sobre la mesa de cara a la discusión presupuestaria 2016, en medio de un ambiente económico complejo, con un Ministerio de Hacienda que ya ha adelantado que la discusión se hará sobre la base de menores recursos.
Lo que sí se cumplió
Dentro de los compromisos que se ejecutaron en el primer semestre, está el oficio que envió la Dirección de Presupuestos (Dipres) a los ministerios con el fin de que realicen acciones para fortalecer la educación pública.
Para este año también, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tenía el compromiso de evaluar la posibilidad de agregar un requisito adicional a los contratos que firme con empresas privadas. La idea era evitar que dichas compañías mantengan deudas de cualquier tipo con otras empresas con las que hayan participado en las mismas obras. El análisis se hizo y a través de un oficio se informó que “la inclusión de dicho requisito, excede la reglamentación actual”.
En lo concerniente al sector agrícola, el gobierno realizó dos reasignaciones para prevenir y enfrentar incendios de gran magnitud. En la primera asignó $ 1.226 millones para el arriendo de aeronaves por parte de Conaf; y en la segunda, entregó $ 4.648 millones para la adquisición de tres aviones para este mismo servicio.
Por otra parte, en Vivienda se extendió el beneficio de la subvención a los dividendos de créditos hipotecarios para sectores vulnerables por pago oportuno, a créditos hipotecarios complementarios al subsidio para vivienda que no cuenten con este aporte.
En Transportes y Telecomunicaciones también cumplieron. En el primer sector, durante este año realizaron los estudios comprometidos en regiones que tenían como objetivo generar propuestas para mejorar el sistema de transporte público. Mientras que en Telecomunicaciones se incluyó en el trazado del proyecto de Fibra Optica Austral los enlaces intermedios de Palena y Aysén. El último punto cumplido al 100%, es la incorporación en la página web de la Dipres de información para que los ciudadanos conozcan los principales indicadores y niveles de ejecución presupuestaria de cada ministerio.
Otros compromisos se cumplieron fuera de plazo o siguen desarrollándose. Es el caso del ingreso tardío al Congreso del proyecto de Alta Dirección Pública (ADP) y la elaboración de un estudio sobre trabajadores a honorarios del sector público, que sólo incluyó los del gobierno y no los municipales.
En tanto, el proyecto del de Ley que fortalece la institucionalidad de la Defensa Civil y otra iniciativa que pretendía otorgarle institucionalidad al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, son algunos de los compromisos que se han atrasado, en parte, dicen en el gobierno, por darle prioridad a la agenda de probidad.
Fuente: La Tercera
