La Comisión Nacional Bancaria y de Valores del país impuso a la constructora española una multa de 3,7 millones de euros por información contable «inadecuada».
No hubo irregularidades ni sobornos en la adjudicación de unas obras para la construcción de una autopista en México a la filial de OHL en este país. Su actuación está «dentro de la legalidad».
Así concluye la auditoría que el Estado de México ha realizado sobre la concesión del viaducto Bicentenario. Se suma así al criterio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) del país, que ya en marzo exculpó a la constructora española de estas acusaciones, aunque le impuso una multa de 3,7 millones de euros por información contable «inadecuada».
En la auditoría, realizada durante 14 meses por PWC a instancias del Gobierno azteca, se subraya que el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo a las bases del concurso, tal y como se refleja en una comunicación remitida ayer por la constructora a la CNMV. «No se han detectado actuaciones fuera de la ley, ni se cuestiona la legalidad de la rentabilidad garantizada», explica la multinacional presidida actualmente por Juan Villar Mir de Fuentes, que añade que «OHL México cumplió bien y cabalmente los términos y condiciones del título de concesión». A su vez, hace hincapié en que los resultados de esta auditoría demuestran que las imputaciones a terceros de las que fue objeto la empresa «carecen de todo sustento».
Escasa documentación
De esta forma se pone punto y final a la investigación abierta a la filial mexicana en mayo del 2015 tras aparecer una serie de grabaciones de altos cargos de la compañía en México en la que supuestamente amañaban una concesión. Lo que sí admite OHL es que la auditoría señala una «falta de documentación justificativa» de las obras realizadas por valor de 1,8 millones de euros, que representa menos del 0,5 % de la inversión total (535 millones), por lo que facilitará toda la información necesaria para aclararlo.
Otra observación que realiza PWC es por la metodología empleada para la actualización de los precios de los materiales de obra sobre un importe de 3 millones, a lo que la constructora argumenta que es la establecida en el título de concesión, en el reglamento del Estado de México.
Fuente: La Voz de Galicia
